La derogación de la Ley 26.737 mediante el DNU 70/2023 del gobierno de Milei constituye un cambio profundo en la forma en que el Estado concibe la tierra, supone la desaparición de los límites que restringían la adquisición de tierras rurales por parte de personas y sociedades extranjeras, así como de los mecanismos de control diseñados para evitar procesos de concentración sobre recursos estratégicos. Una vez más pone en evidencia la mercantilización de nuestros derechos mediante las políticas públicas del neoliberalismo. La Ley de Tierras servía como un limitador de la concentración y extranjerización de la propiedad rural, reconociendo que el territorio es un recurso finito cuya administración tiene consecuencias directas sobre la soberanía, el ambiente y los derechos de las comunidades que lo habitamos. La norma incorporaba una mirada que excedía la lógica neoliberal clásica para reconocer que la tierra cumple una función social y que su distribución impacta en el ejercicio efectivo de los derechos conquistados.

La derogación impulsada por el DNU responde a una concepción que privilegia la liberalización económica y la atracción de inversiones por sobre las garantías colectivas construidas para proteger recursos estratégicos. Bajo el argumento de eliminar restricciones al mercado, se suprimen mecanismos que buscan evitar la concentración de grandes extensiones de tierra y resguardar áreas de especial relevancia para el desarrollo de las comunidades y la preservación medioambiental. La tierra no constituye únicamente un activo económico, es el espacio donde se desarrollan proyectos de vida, construímos nuestra identidad cultural y donde se debería garantizar el acceso a recursos esenciales como el agua y un ambiente sano. Su regulación no puede analizarse únicamente desde parámetros de eficiencia económica y beneficios al mercado.

La discusión sobre la soberania de la tierra en Argentina está atravesada por relaciones de poder desiguales que siempre tuvo sus mayores consecuencias sobre los pueblos originarios. Este país ha sido construido por el despojo de una sistemática ocupación y apropociación, que pareceria ser el mismo modelo ahora vigente. Ahora, la flexibilización de los controles estatales puede profundizar desigualdades preexistentes y consolidar procesos de exclusión territorial. Estamos insertados en una historia de despojo que hoy, esta tomando nuevas formas. 

La discusión involucra una dimensión democrática que debe ser atendida y exigida. La derogación de una ley que regula recursos estratégicos mediante un decreto de necesidad y urgencia limita el debate público sobre cuestiones que afectan intereses colectivos de enorme trascendencia. La participación ciudadana y el control democrático resultan innegociables cuando se discute el destino de bienes comunes.

La tierra no puede ser considerada un producto, es nuestra identidad e historia como nación. La eliminación de límites a la concentración y extranjerización de tierras rurales responde a una concepción que privilegia la libre circulación del capital y la reducción de la intervención estatal, aun cuando ello pueda afectar derechos colectivos y profundizar desigualdades históricas. 

El debate de la ley no puede ser reducido a una discusión sobre inversiones o propiedad privada. Otra vez lo que está en juego es la disputa entre dos modelos de país, uno que entiende al territorio como un bien común vinculado a la soberanía y a la protección ciudadana; y otro que lo concibe unicamentalmente como un recurso económico que beneficia a los mercenarios de siempre. ¿Quién define el destino de los recursos estratégicos del país? ¿Las decisiones quedarán subordinadas a los grupos economicos o seguirán siendo objeto de protección colectiva? 

La discusión sobre la Ley de Tierras es una discusión sobre poder y exije preguntarnos quiénes están por detrás de estos intereses.