El Gobierno Nacional ordenó allanar locales y casas particulares de referentes de las organizaciones piqueteras. En su cruzada contra la organización popular, el Ministerio de Seguridad había creado la línea 134 para denunciar a las organizaciones sociales. Con el falso supuesto de que quienes se movilizan en la calle contra el ajuste del gobierno lo hacen bajo amenazas, y subestimando la militancia del pueblo, buscan adjudicar esta coacción a las organizaciones. 

Por orden de Patricia Bullrich se llevó a cabo esta mañana un operativo de allanamientos y aprietes en las casas particulares de los referentes administrativos de las organizaciones y los locales sede de comedores. El fiscal Gerardo Pollicita acusa a las organizaciones de extorsión y fraude. Los compañeros allanados fueron en ocasiones golpeados y apuntados con armas. No hubo detenciones, pero la policía federal sustrajo celulares y documentación de las organizaciones. Este despliegue con uso desmedido de la fuerza se trata de una demostración de poder que tiene como fin el amedrentamiento. 

“Nos rompieron la puerta, en el caso de mi familia, nos tiraron al suelo, nos encañonaron, entraron de noche cuando estaban mis hijos durmiendo” Comenta un compañero del FOL. “Fue un operativo totalmente desmedido con autos no identificados, con agentes de inteligencia, donde montaron un show, nos grababan y nos filmaban. No tenían ninguna prueba, nos hacían un allanamiento para demostrarnos el poder que tienen. Vienen a amedrentarnos, quieren que las organizaciones sociales no sigamos haciendo lo que hacemos, no sigamos organizándonos, luchando, llevando adelante nuestros espacios de redes comunitarias, nuestros espacios productivos. Y no nos van a vencer, no nos van a doblegar, con esto no vamos a tenerles miedo. No le tenemos miedo a los narcos todos los días que salimos a luchar con trabajo y con redes de cuidado contra ellos, menos le vamos a tener a este gobierno injusto, que comete actos desmedidos como si estuviéramos en una dictadura militar, ni siquiera resguarda los derechos democráticos.” 

Están acusando a compañeras y compañeros que trabajan todos los días en los comedores y cooperativas populares de fraude y extorsión, en la prensa oficialista dicen que se enriquecen. Gestores de la pobreza les dicen a quienes están en la primera línea combatiendo la miseria en la que nos hunden. El delito para este gobierno es ser parte de una organización que combate el hambre. “Con ternura venceremos” reza el final de uno de los comunicados que se difundieron.