El Gobierno de Javier Milei insiste en la derogación de la Ley 26.737 de Tierras que limita al 15% la propiedad de tierras rurales en manos de extranjeros. Esta medida, consumaría el saqueo de los territorios para garantizar el pago de los favores que tanto el FMI y Donald Trump le cedieron para sostener su gobernabilidad. 

Comencemos desde el principio: el primer intento para eliminarla fue mediante el artículo 154 del DNU 70/2023 llamado Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, rechazado en la Cámara de Senadores en marzo de este año. Aunque todavía está vigente, no cuenta con el aval parlamentario. Es por esto que en su tozudez de entrega total, el oficialismo incluyó la Ley de Tierras en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El 6 de agosto pasado dimos el primer batacazo al intento de Milei por aprobar todo el paquete de esta ley. Gracias a la movilización popular y la presión que ejercimos desde abajo, en organización, lucha y movilización desde todos los puntos del país, logramos se quite el artículo de la Ley de Tierras. 

Un mes y medio después, el 29 de septiembre, los 3 jueces de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti demostraron mediante un fallo técnico hacia donde apunta la flecha de la injusticia. Este fallo rechazó el amparo colectivo presentado por el Centro de Excombatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata en el que declaraba inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras anterior. En esos artilugios del derecho, argumentaron que la organización no contaba con la legitimación jurídica para hacer el reclamo. 

El revuelo fue total, hubo memes y afiches por todo el país que desenmascararon a los jueces que no imparten justicia sino favores políticos. Una semana después tuvieron que recular en chancletas el mismo fallo que ellos declararon. Ridículo es poco. Esta nueva cautelar impulsada en 2023 por la organización ambientalista de Bariloche, Árbol de Pie, las comunidades mapuche Lafkenche y Lof Fvta Anekon, además de la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, puso el foco en el impacto ambiental, los derechos colectivos y de las comunidades originarias de la derogación de la Ley 26.737. La medida interina de la Corte restituyó de nuevo la vigencia de la ley. Ahora todo queda en manos del Juzgado Federal de Bariloche. 

Pero en este país el que no corre vuela. En los 10 días de limbo judicial entre un fallo y el otro, supimos gracias al trabajo del Observatorio de Tierras, que en Chubut intentaron vender más de 2 mil hectáreas rurales mediante la inmobiliaria Loma Alta Propiedades. El campo que promocionaron ofrecía un lago privado, cascadas, lagunas y 16 kilómetros de costa del río Alto Pico, todo en zona de frontera, que de estar vigente la Ley de Tierras, sería ilegal. 

El pasado 14 de octubre, en un impulso de la oposición llamaron a una sesión especial para tratar en tablas el DNU 70/2023. El oficialismo junto con algunos que de oposición no tienen nada, no dieron quórum para su tratamiento. En una maniobra bochornosa bregaron por uno de los estandartes de flexibilización del plan de Milei. En las inmediaciones del Congreso y en muchísimos puntos del país, miles de manifestantes nos congregamos para defender lo básico en conjunto con la 5ta Marcha Federal que reclamaba la aplicación de la Ley de Financiamiento a las universidades públicas. Afuera del Congreso volaban gases lacrimógenos, balas de goma y los camiones hidrantes empapaban a les manifestantes. Es que sí, sin represión el ajuste no pasa. 

Pero la batalla no termina acá. Hoy se vota en Diputados la Ley de Inviolabilidad Privada. Si bien se restituyó la vigencia de la Ley de Tierras tras el dictamen de comisión que habilitó la falta de quórum el 14 y que incluyó modificaciones, todavía quedan otros artículos, entre ellos, el de desalojos express. Este último también es una afrenta a los territorios, donde las primeras afectadas son las comunidades originarias, como el caso de la comunidad mapuche Lof Melo de Villa La Angostura que hace dos meses lucha contra el pedido de desalojo impulsado por el juez Astul Bonorino. Además, esta medida afecta a los barrios populares de todo el país. 

Por más que el Gobierno intente una y otra vez, con tejemaneje, comprando a legisladores con un pancho, apretando y encontrando vericuetos legales, nos encontrará una y otra vez en las calles, luchando y movilizadxs defendiendo los territorios, los bienes comunes y la reproducción de la vida digna que nos quieren arrebatar. Ya sufrimos cosas peores que estas y este pueblo sabe de luchas.