El oficialismo buscará aprobar en el Senado, antes del receso invernal y un día después del partido de Argentina contra Inglaterra, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Se trata de una iniciativa que, entre otros cambios, elimina las principales restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. En otras palabras, buscan la extranjerización de nuestras tierras a los grandes capitales internacionales.

La reforma propone derogar los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que impedía que la propiedad extranjera superara el 15% de las tierras rurales del país, fijaba topes por nacionalidad y establecía límites de superficie para cada comprador según la región. De aprobarse el proyecto, esas restricciones desaparecerían y las únicas prohibiciones generales alcanzarían a Estados extranjeros y empresas controladas por ellos, aunque incluso esas operaciones podrían autorizarse con el aval de la provincia y del Poder Ejecutivo nacional.

El proyecto también modifica el régimen de expropiaciones, acelera los desalojos en determinados casos y flexibiliza aspectos de la Ley de Manejo del Fuego, un paquete de medidas que vienen criticando desde las organizaciones sociales, especialistas en derecho, sectores ambientales y hasta referentes de la Iglesia, quienes advierten sobre el riesgo de profundizar la concentración de la tierra y debilitar las herramientas del Estado para proteger recursos estratégicos nacionales.

En un país donde el control de la tierra implica también el control sobre el agua, los minerales, los bosques, la producción agropecuaria y la biodiversidad, la eliminación de estos límites pone en peligro toda la soberanía territorial y el papel del Estado en la planificación del desarrollo. Si bien los defensores de la iniciativa —liberales y aliados— sostienen que favorecerá las inversiones, la realidad es que la legislación vigente nunca constituyó un obstáculo real para la llegada de capitales. La reforma del oficialismo busca en realidad un modelo de mayor apertura a la extranjerización de recursos estratégicos, puesto que responden, sin ocultarlo, a los intereses del capital financiero internacional.

El tratamiento en el Senado se da en un contexto del avance del programa desregulador del gobierno de Javier Milei, impulsado por Federico Sturzenegger. Aunque es probable que, nuevamente, sectores que se dicen opositores le voten a favor, y además quieran aprovechar que la agenda va a estar en los resultados de Argentina-Inglaterra por la semifinal del Mundial de Futbol 2026, las organizaciones sociales y todos los que estamos en lucha vamos a enfrentar el proyecto de extranjerización.

Sabemos que está difícil tener un salto de fe de que podamos lograr revertir todo el daño que nos están haciendo, pero al menos es necesario creer que podemos al menos intentar frenar al gobierno. En estos días donde todo el mundo se viste de patria, no hay nada más patriota que defender nuestras tierras y recursos estratégicos de las garras del capitalismo foráneo y sus socios nacionales. Queremos mañana ganarle a Inglaterra y el jueves al gobierno y su proyecto de entregar la soberanía nacional.

Y a nuestros hermanos latinoamericanos, les queremos decir que este proyecto forma parte de un proceso más amplio de extranjerización de toda la tierra de Latinoamérica. Milei es el campo de pruebas de lo que luego buscarán aplicar en Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Paraguay y en todos los lugares donde gobierna la derecha aliada al MAGA. Por eso, esperamos que dejen de lado el odio a la Argentina por razones deportivas y podamos unificar las luchas regionales. Y a los congresistas argentinos que voten contra su pueblo, los espera el escrache popular y el basurero de la historia.