La legislatura de Jujuy dio fuerza de ley al proyecto de arancelamiento del sistema sanitario. Tuvo un paso irregular por la cámara, debido a que se lo tapó como «un proyecto para cobrar a los inmigrantes» y no tuvo siquiera la firma de la Comisión de Salud por la que se supone que debería pasar.

La ley dictamina que todo aquel que no tenga una prepaga u obra social podrá acceder al sistema de salud si cumple un abono mensual igual a cinco consultas —hoy $50.000— a menos que pueda demostrar unos ingresos familiares menores a dos sueldos mínimos —hoy aproximadamente unos $540.000—. La atención se le negará a cualquiera que se atrase tres pagos o más y en caso de intervención por peligro de muerte se hospitalizará y luego quedará a responsabilidad de la provincia el cómo hacer llegar el costo al ciudadano.

Cabe destacar que en el 2022 el 46,2% de la población jujeña dependía del sistema de salud público. No hay datos más recientes, pero teniendo en cuenta que desde entonces la pobreza en la provincia ha subido un 33,3% y la indigencia un 80%, podemos suponer que hoy la dependencia es aún mayor.

Lo más llamativo de esto, es que esta política se llevará a cabo en un contexto de superávit no solo nacional sino provincial, habiendo ya cerrado un presupuesto con $7.700M a favor. Esto demuestra que no es más que un entramado recaudatorio, sobre todo, si se contempla el hecho de que los hospitales privados también pueden sumarse a esta «cobertura», obviamente beneficiándose de parte de este arancel.

La más horrenda intervención fue quizás la del diputado Rubén Rivarola, líder del bloque Unión por la Patria en Jujuy, que dijo explícitamente que el proyecto beneficiaba a la clínica privada que él posee —lo cual, resulta contrario a los intereses que debería seguir un representante del pueblo—. Además, el diputado peronista afirmó que hay gente acaudalada aprovechándose del sistema de salud público, atacando de paso a los inmigrantes, ya clásico caballo de Troya que ha demostrado ser la excusa ideal para el ajuste sobre cualquier sector.

La ley sólo fue rechazada por los tres diputados del Frente de Izquierda y dos de los seis de Unión por la Patria. Por lo demás, fue acompañada por los otros cuatro justicialistas, la UCR y el espacio Primero Jujuy, hasta hace muy poco parte de la coalición cambiemita y cercano al Frente Renovador.

Esto marca un nuevo nivel de traición, un proyecto que choca directamente con el artículo 21 de la constitución de Jujuy, que garantiza el derecho y acceso a la salud. Una UCR que finge ser progresista a nivel nacional, pero que en las provincias gobierna de estas formas, eleva proyectos con excusas xenófobas que afectan a todo el pueblo. Un Partido Justicialista que abiertamente admite ser beneficiario económico de los proyectos que vota, tirando a la basura totalmente el concepto de justicia social o cualquier mínimo derecho que Perón pudo haber garantizado. Desde Agitación no podemos evitar preguntarnos cómo hay partidos que se autodenominan de izquierda y continúan en estos armados electorales, que ya ni siquiera tienen una pretensión socialdemócrata sino que se vuelcan al liberal-conservadurismo duro.