Desde la llegada de Javier Milei y La Libertad Avanza al gobierno nacional, las políticas contra el periodismo y la libertad de expresión han ido en aumento. El presidente asegura que no se odia lo suficiente a los periodistas y que el 95% somos enemigos de la libertad y la república. Estos ataques hacia nuestro oficio no son solo discursivos, el gobierno aplica un brutal ajuste en el sector, desfinanciando medios públicos, cortando políticas de Estado en materia de comunicación y promoviendo el despido masivo en medios privados. 

La eliminación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en 2015 por decisión del derechista gobierno de Mauricio Macri, marcó la punta de lanza para todo lo que se vendría después. El AFSCA fue creado en 2009 para reemplazar al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), que a su vez había sido creado en 1972 por la dictadura de Agustín Lanusse. Fue resultado de largas luchas de colegas que promovieron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tras ser disuelto en diciembre de 2015 fue absorbido por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Bajo el gobierno pseudo progresista de Alberto Fernandez, no se recuperó la institución ni se efectuó la Ley de medios, continuando en la línea del vaciamiento que establece la derecha. Con Milei, el Enacom ha quedado completamente desfinanciado, por lo que directamente no existen políticas de Estado a favor de nuestro sector.

La gestión liberal libertaria se centra en la desregulación del sector, la reducción de personal, la reestructuración del organismo y el establecimiento de regímenes de facilidades de pago para empresas de telecomunicaciones. La idea de Milei es clara, que el capital privado se quede nuevamente con el monopolio de la comunicación. En este sentido quitó pautas a los medios públicos, autogestionados o comunitarios, e incluso a medios privados que mantienen línea editorial opositora a las decisiones políticas del Ejecutivo. Para profundizar con este vaciamiento en marzo de 2024, Milei cerró Télam, la agencia de noticias estatal argentina fundada el 14 de abril de 1945, que llegó a proveer información periodística a unos 2800 abonados, entre los que se incluían medios de prensa nacionales e internacionales y oficinas gubernamentales nacionales, provinciales y municipales. Con estas políticas, el derecho a la comunicación y la información quedó completamente privado y se eliminó por completo el limitado carácter democratico que ya tenía.

Pero la guerra contra los periodistas no quedó sólo ahí. Cuando los medios que logramos resistir nos hicimos un hueco nacional en la democratización de la información por nuestra propia cuenta, y a modo militante, muchos medios de empresa que tienen intereses opuestos a las políticas del gobierno nacional se animaron a informar con más claridad la corrupción y los intereses económicos detrás del gobierno. Las reciente investigaciones de colegas de medios de capital privado sobre los casos de corrupción en LIBRA, Andis y más tarde las propiedades sin declarar de Adorni y otros funcionarios, le llevó a Milei a tomar una decisión aún más antidemocrática: al igual que como ocurrió con Télam, hizo algo que ni la dictadura llegó a hacer, prohibir la presencia de la prensa en la Casa Rosada. 

Si a todo este escenario le sumamos que las redes oficiales de difusión del gobierno proponen “odiar a los periodistas” y denuncian a medios y trabajadores de medios que ejercen la libertad de investigar los negocios turbios del Estado, podemos decir que en Argentina no existe la libertad de expresión. Pero hay más, el 31 de diciembre de 2025, Javier Milei firmó el DNU 941 con el cual, entre otras cosas, permite a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) espiar a la prensa. Muchos medios y periodistas alertaron que el gobierno estaba usando spyware, un tipo de software malicioso (malware) que se instala en tus dispositivos sin tu consentimiento para robar información confidencial, con el objetivo de lograr este espionaje. El periodista Hugo Alconada Mon, luego de denunciar sufrió varios intentos de hackeo a sus redes sociales y Whatsapp. 

Por último, pero no menor, Peter Thiel, el dueño de Palantir Technologies, la empresa estadounidense de inteligencia global y software de vigilancia masiva, hizo un acuerdo de colaboración con el gobierno de Javier Milei. El magnate que ahora vive en Argentina alardea que el futuro es una república controlada por la Inteligencia Artificial administrada por empresas -como la suya- que reemplacen a la democracia como forma de organización social. Hoy, lamentablemente, Argentina es el experimento social de este fenómeno.

Ser periodista en Argentina es una deporte de alto riesgo, pero acá seguimos aportando a ello.

Feliz día, colegas. Recuerden, no odiamos lo suficiente a los políticos.