Hoy comienza en Chubut el juicio a las y los vecinos de Rawson que junto al pueblo salieron a las calles contra la zonificación minera en 2021. Mientras que en Mendoza, organizan un ruidazo contra la detención de dos asambleístas defensores de los bienes comunes. 

La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut publicó un comunicado en el que afirman que “detrás del intento de la justicia de ir contra quienes luchan está el propio gobernador, que permanentemente se expresa a favor de la criminalización de la protesta poniéndose del lado de Arcioni y todos los que promovieron la zonificación.”

El gobernador Ignacio Torres insiste con la megaminería a través de la explotación del uranio y en paralelo, criminaliza la protesta y ataca a las comunidades mapuche, allanándolas y manteniendo en prisión a Victoria Núñez Fernández, integrante de la Lof Pillan Mawiza. 

Por su parte, en Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo hace lo propio con Mauricio Cornejo y Federico Soria, presos políticos por luchar contra la mina San Jorge. Se trata de dos vecinos de Uspallata que se manifestaban contra el proyecto minero San Jorge. Desde hace más de 15 años las movilizaciones populares han frenado el proyecto, pero el 10 de enero, ingresó un informe de impacto ambiental bajo otro nombre y operado por las empresas Zonda Metals GmBH de Suiza del Grupo Solway y la Argentina Grupo Alberdi. El 24 de enero el intendente de Las Heras, Francisco Lo Preti fue a la inauguración de la oficina de la minera en Uspallata y los vecinos que se manifestaban fueron agredidos por una patota de la UOCRA. Luego de ese violento episodio, la justicia provincial allanó y detuvo a quienes participaron de la protesta. 

La criminalización de la protesta avanza en distintos puntos del país con la misma receta, judicializan y encarcelan a quienes defienden los territorios. Las asambleas en defensa de los bienes comunes exigen la libertad y el desprocesamiento de lxs vecinxs y llaman a acompañar el juicio en Chubut y a manifestarse contra la persecución en Mendoza.

La entrega de los bienes comunes a empresas multinacionales como la Barrick Gold viene de la mano con la conversión de los territorios en zonas de sacrificio, la privatización del agua a manos de la empresa genocida israelí Mekorot y la utilización de incendios y pinificación para acabar con los bosques.