El jefe de la DGI, Andrés Vázquez, omitió declarar en la Oficina Anticorrupción (OA) la compra de tres inmuebles en Miami por 2 millones de dólares comprados a través de sociedades en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, el Gobierno decidió no pedirle explicaciones a pesar de estar obligado por la Ley de Ética Pública a presentar su declaración patrimonial actualizada.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió un expediente para analizar su proceder y, si corresponde, denunciarlo ante la Justicia. Anteriormente el funcionario fue investigado por una cuenta offshore (que no declaró en Argentina). Y fue sobreseído por el juez Lijo por no obtener respuesta de Luxemburgo, Países Bajos ni Curazao, los países involucrados.

“Vázquez sigue vinculado a la firma Galanthus Capital (BVI), que mantuvo el control sobre Alcorta Corp (Panamá) y Pompeya Group (también de Panamá), que a su vez mantienen la titularidad sobre las dos propiedades en Miami y Sunny Isles, por un total cercano a 1.690.000 dólares. Así continúa hasta hoy, de acuerdo a la documentación analizada” según la investigación periodística de Hugo Alconada Mon para La Nación.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni presentó su declaración jurada fuera de término, con inconsistencias entre la presentada el año pasado y la de este año. En el documento justifica miles de dólares con prestamos de familiares. En total su patrimonio aumentó más del 500% por dinero que declaró que le prestaron dos jubiladas de su familia.

Menos mal que estos no son casta.