Tucumán es tierra marcada por el Operativo Independencia, por la guerrilla, la resistencia y las luchas obreras. Sin embargo, a pesar del paso de distintos gobiernos democráticos, continúa vigente una política de seguridad represiva y opresiva sobre la clase trabajadora y los sectores populares, donde el control territorial, la persecución y la violencia institucional siguen formando parte de la respuesta estatal frente a la conflictividad social. Actualmente en la provincia se viven todo tipo de necesidades como la falta de acceso a la vivienda, alimentación y salud. La docencia reclama por recortes en el sistema educativo y la falta de políticas de infraestructura y el deterioro salarial. Cierran centros comunitarios y la crisis económica se siente más que nunca. La sociedad demanda respuestas pero, el gobernador Osvaldo Jaldo desde que asumió en su cargo sólo invierte en materia de lo más ineficiente: punitivismo.
Discurso y clamor social
La cortina de humo es principalmente sostenida por el discurso populista del gobernador y otros agentes estatales, como el Jefe de Policía Joaquin Girvau que ante la situación de seguridad afirmó “nacen delincuentes, tienen hijos delincuentes y así mueren” o “que sepan los delincuentes que cuando enfrenten a la Policía van a terminar muertos“. Frases que luego fueron avaladas públicamente por el gobernador.
Todas las semanas, en distintos barrios de la periferia del gran San Miguel de Tucumán, se realizan operativos violentos bajo el nombre de ‘’trencitos’’, donde vecinos y vecinas -entre ellos niñeces y adolescencias-, son detenidos arbitrariamente, allanados en sus domicilios, golpeados y amenazados. Muchas veces, han declarado sufrir robos en marco de estos operativos y pedidos de coimas por parte de la policía.
Todo esto ocurre bajo la Ley de Contravenciones provincial, que no es más que una herramienta de control jurídico y exclusión social. Mientras tanto, el gobierno tiene toda una fachada comunicacional llevada a cabo por los actos masivos donde muestra la inversión económica en insumos policiales. En los medios y canales oficiales hay una clara puesta en escena donde muestra violencia, allanamientos y legitimación de prácticas de persecución a determinados ciudadanos identificados como un enemigo social.
Nunca se plantea una seguridad ciudadana e integral a todos los que habitamos este territorio. Queda en evidencia que no todos podemos transitarlo de la misma manera. Mientras algunos gozan de protección, otros sostienen con sus cuerpos el peso de estos discursos y políticas mediante hostigamiento y violencia policial.
Inversión carcelaria
En diciembre de 2024, se inauguraron dos centros penitenciarios con el supuesto objetivo de descentralizar las comisarías y reforzar la seguridad tucumana. Se trata de Delfin Gallo un complejo para mujeres, donde denuncian falta de derechos básicos, torturas y violencia policial por parte de los agentes penitenciarios. Y Benjamín Paz, al límite con Salta, inaugurado bajo la presencia de Patricia Bullrich como cárcel de ‘’máxima seguridad’’.
A través de una visita, el Consejo Federal del Comité Contra la Tortura ha declarado su preocupación por las condiciones de encierro y el incumplimiento de los estandares básicos de la normativa internacional. Por su parte, los familiares de personas privadas de libertad han denunciado malos tratos, mientras que el Ministerio de Seguridad ha negado las acusaciones.
En marco de la problemática nacional de la violencia entre adolescentes y las amenazas de t1rot3os, el gobernador sacó un DNU donde permitía el traslado a adolescentes en conflicto con la ley al complejo de Benjamin Paz, lo que implica una violación a tratados internacionales. El gobierno de Jaldo se jacta de un ‘’avance’’ o ‘’modernización’’ en materia de seguridad pero la realidad es cada vez más lejana a ello y aunque su discurso lo aclame, no resuelve, sino que criminaliza y agranda el problema.
Somos la provincia que condenó a Bussi por delitos de lesa humanidad, pero continuamos siendo un punto rojo en materia de abuso policial y violencia institucional que se replica a través del discurso ‘’mano dura’’ en nombre de la seguridad social, que demostró ser ineficaz y generador de gastos excesivos. Se financia el castigo mientras abandona la contención.
Los tucumanos necesitamos políticas públicas de cuidado y prevención, no propagandas de castigo y seguridad que funcionan únicamente como espectáculo. Pero pareciera ser que la única política pública es sobre armas, uniformes y operativos, ya que, las medidas preventivas, socializadoras y comunitarias que realmente se reclaman desde los territorios son inexistentes. Casualmente en los barrios periféricos la garantía de derechos fundamentales es cada vez más nula pero la presencia policial armada está cada vez más latente. ¿Para quién funciona la seguridad de Jaldo?
