Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), dependiente de la UCA, advierte que la reducción de la pobreza difundida por el INDEC pierde magnitud e incluso se revierte cuando se corrigen algunos criterios metodológicos. En uno de los escenarios, la pobreza pasó del 40,8% en 2023 al 42,4% en 2026. Otras estimaciones privadas también ubican el indicador por encima del registro oficial.
El relato del Gobierno de Javier Milei sobre la reducción de la pobreza vuelve a quedar bajo cuestionamiento. Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) recalculó la evolución del indicador entre 2023 y 2026 y encontró que la mejora que muestran las estadísticas oficiales se reduce considerablemente y, bajo uno de los escenarios analizados, se transforma en un aumento.
El INDEC informó que la pobreza alcanzó al 32,3% de la población durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, al introducir correcciones sobre la captación de ingresos de los hogares y actualizar la estructura de las canastas básicas, el observatorio obtuvo resultados diferentes.
En su escenario más moderado, la pobreza pasó del 37,7% en 2023 al 37,5% en 2026, prácticamente sin variaciones. En la estimación más exigente, aumentó del 40,8% al 42,4%. La indigencia, por su parte, registró una leve reducción, del 7,4% al 7,1%.
El informe identifica dos problemas centrales en la medición oficial. El primero está relacionado con los cambios en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que desde fines de 2023 habría mejorado la captación de ingresos no laborales, como transferencias y programas sociales. Según el ODSA, esto puede reducir estadísticamente la pobreza sin que necesariamente se haya producido una mejora equivalente en los ingresos reales de los hogares.
El segundo cuestionamiento apunta a la Canasta Básica Total (CBT), utilizada para determinar quiénes están por debajo de la línea de pobreza. Su estructura continúa basada en patrones de consumo de 2004/2005, pese a las transformaciones que experimentó el gasto de las familias argentinas durante las últimas dos décadas.
La actualización de esos parámetros permitiría reflejar con mayor precisión el peso actual de los servicios, los alquileres y otros gastos esenciales en los presupuestos familiares.
Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) también cuestionó los criterios utilizados en la medición y advirtió sobre las distorsiones que pueden producir las canastas desactualizadas y las diferencias en la captación de ingresos.
Las distintas estimaciones no son directamente equivalentes, porque utilizan metodologías y períodos de comparación diferentes. Sin embargo, coinciden en señalar que el indicador oficial podría no reflejar completamente el deterioro de las condiciones de vida.
La actualización de los consumos considerados básicos también modifica el umbral necesario para no ser pobre. Según los escenarios del ODSA, para una familia de cuatro integrantes la Canasta Básica Total podría ubicarse entre aproximadamente $1,9 millones y $2,07 millones mensuales, sin contemplar el alquiler.
El Gobierno reivindica la reducción de la pobreza que registra el INDEC como uno de los principales resultados de su gestión. Desde el Ejecutivo defienden la continuidad de la metodología oficial y sostienen que la desaceleración inflacionaria permitió recuperar los ingresos reales de los hogares.
Pero los cálculos alternativos ponen en discusión la dimensión de esa mejora y muestran que la situación social continúa siendo crítica para millones de personas.
Mientras el Gobierno presenta la caída estadística de la pobreza como un éxito económico, las mediciones alternativas advierten que la mejora puede ser mucho menor e incluso inexistente frente a los niveles de 2023. La discusión metodológica no cambia una realidad cotidiana: millones de trabajadores y familias siguen sin poder cubrir el costo de sus necesidades básicas.