Argentina se encuentra en el cuarto lugar a nivel mundial en el uso de plaguicidas, según los últimos datos de la FAO (Food and Agriculture Organization) del año 2024. Por año se aplican 262.507 toneladas de plaguicidas en nuestras tierras. 

Los plaguicidas son químicos utilizados en la producción agropecuaria para eliminar organismos que se consideran “plagas”: hierbas, animales y hongos que podrían poner en peligro las ganancias del productor. 

Sería necio pensar que si estos químicos tienen el poder de matar otros seres serían inocuos sobre los seres humanos. Es así que existe gran cantidad de investigación que vincula plaguicidas con distintas condiciones de la salud humana: Alzheimer, Parkinson, efectos neurotóxicos, efectos cognitivos, cáncer, problemas de fertilidad, anomalías congénitas, muerte fetal, problemas respiratorios, hígado graso, diabetes, reacciones alérgicas, leucemia, hipotiroidismo (Sirikul y Sapbamrer, 2023; Ahmad et al., 2024).

Pero en Argentina prima la salud del mercado sobre la salud de la población. Por ende, investigar plaguicidas puede ser un tema censurado. Y así lo fue para Virginia Aparicio. 

Virginia Aparicio es ingeniera agrónoma, doctora en ciencias agrarias, investigadora en el CONICET y trabajadora en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA. En el año 2020 queda a cargo del proceso de investigación en Argentina del proyecto SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition). El proyecto SPRINT consiste en un consorcio de institutos de investigación de 14 países europeos y Argentina. En la web de difusión de SPRINT se puede leer que Argentina (a través del INTA) fue incluida por ser principal exportadora de soja para alimentación animal a Europa. El proyecto transcurrió desde el año 2020 hasta el 2025, estaba financiado por la Unión Europea y buscaba evaluar los impactos de los plaguicidas en el medio ambiente y la salud humana, en pos de “acelerar la transición hacia una protección vegetal más sostenible”. 

En Argentina se realizaron análisis en 73 personas de la provincia de Buenos Aires, del ámbito rural y urbano, en los que se pudo hallar:

* Todas las personas testeadas tenían glifosato en su cuerpo.

* Todas las personas presentaron entre 6 a 13 plaguicidas en orina, de 2 a 10 plaguicidas en sangre y hasta 18 plaguicidas en materia fecal.

* Las muestras de alimentos de todas las personas tenían un rango entre 6 a 22 plaguicidas.

* El total de muestras de polvo del hogar analizadas presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas

* El total de las muestras de agua superficial analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas.

Los resultados ubicaron a Argentina como el país con mayor exposición a plaguicidas, en comparación con las muestras europeas. 

Sin embargo, los directivos del INTA lejos de hacerse eco de las implicancias epidemiológicas de los resultados, decidieron apartarse de la investigación. Es así que  Mariano Garmendia, Nacira Muñoz y Carlos Parera (presidente, vicepresidenta y director nacional del INTA) en el año 2023 solicitan primero suspender la participación argentina en el proyecto SPRINT y finalmente en diciembre de ese año abandonan la investigación. 

Como persona a cargo de esta investigación en Argentina, Virginia Aparicio actualmente sufre de la censura y el castigo, habiéndose iniciado por parte del INTA un proceso de sancionamiento que pretende exonerarla. Es decir, el INTA busca privarla de continuar su trabajo científico en cualquier área del Estado. 

No es nueva la historia de censura desde el Estado (bajo diferentes gobiernos) en complicidad con sectores agro-empresariales que imponen el extractivismo agropecuario. Pretenden callar a quienes buscan llamar por su nombre a una realidad negada. En el año 2017 la dirección del INTA prohibió utilizar la palabra “agrotóxicos”. Andrés Carrasco (investigador, ex presidente del CONICET), Medardo Ávila Vásquez (fundador de la Red de Médic@s de Pueblos Fumigados), Damián Verzeñassi (organizador de los Campamentos Sanitarios de la Universidad Nacional de Rosario) son algunos nombres del grupo de investigadores que se han visto castigados por señalar al modelo agroproductivo como causante de diversas problemáticas en la salud humana. 

A través del silenciamiento se nos quiere imponer el rol de graneros del mundo, para beneficio de algunas pocas agro-empresas. Aunque esta tarea nos lleve puesta nuestra salud. Pero el sol no se tapa con un dedo, la ciencia digna prevalecerá en su trabajo de descubrir aquello que se nos esconde.