La Policía de la Ciudad detuvo a dirigentes de los trabajadores del subte luego de una protesta en la estación Juan Manuel de Rosas. El conflicto escaló hasta paralizar toda la red, mientras el Gobierno de Jorge Macri justificó las detenciones en la normativa que obliga a garantizar servicios mínimos.
Una protesta gremial en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B terminó este martes con la detención de dirigentes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) y con la paralización de todas las líneas del subte y el Premetro.
El conflicto comenzó cuando Sebastián Carrizo, trabajador de Emova y delegado gremial, abrió una puerta de emergencia para permitir que los pasajeros ingresaran sin pagar el boleto, en protesta por la sanción aplicada a otro trabajador. La intervención policial derivó en una orden de detención por presunta desobediencia.
Cuando los efectivos intentaron detenerlo, otros representantes sindicales intervinieron para respaldarlo. En ese contexto fueron detenidos Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, mientras que el secretario general de AGTSyP, Néstor Segovia, también fue demorado y posteriormente liberado, según los reportes publicados durante la jornada.
Tras las detenciones, los trabajadores resolvieron paralizar el servicio. La medida alcanzó a las líneas A, B, C, D, E y H, además del Premetro, dejando sin funcionamiento a toda la red durante la jornada.
La Secretaría de Trabajo y Empleo porteña dictó entonces una resolución que intimó a garantizar los servicios mínimos establecidos por la normativa vigente, con una cobertura del 50% en cada línea.
El Gobierno de Jorge Macri sostiene que el transporte subterráneo debe garantizar ese nivel mínimo de funcionamiento ante medidas de fuerza. La disposición surge del Decreto 230/2026, firmado en junio, que clasificó al transporte de pasajeros —incluidos el subte y el Premetro— como actividad de “importancia trascendental”.
Desde Madrid, donde se encuentra de visita oficial, Jorge Macri respaldó el accionar policial y sostuvo que quienes bloqueen un servicio considerado esencial “van presos”.
El jefe de Gobierno calificó la medida sindical como una “extorsión” y defendió la aplicación de la normativa que establece servicios mínimos.
Desde el sector gremial, en cambio, el conflicto es presentado como una respuesta frente a sanciones y persecución contra trabajadores del subte. La protesta comenzó precisamente a partir del reclamo por la situación de un empleado sancionado por la empresa concesionaria.
El Decreto 230/2026 establece que, frente a una huelga o reclamo colectivo que afecte al subte, debe mantenerse una cobertura mínima del 50% en cada línea.
La disputa de este martes, sin embargo, fue más allá de los porcentajes de funcionamiento: comenzó por una protesta contra una sanción laboral, continuó con la intervención policial y la detención de dirigentes y terminó con una paralización total de la red.
Mientras el Gobierno porteño habla de garantizar el derecho de los usuarios a trasladarse, los trabajadores denuncian una avanzada sobre la organización sindical. El conflicto vuelve a mostrar cómo, detrás de la discusión sobre los servicios mínimos, aparece una disputa más profunda sobre el alcance efectivo del derecho a huelga y la capacidad de los trabajadores para reclamar colectivamente.
