El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre, después de la derrota parlamentaria sufrida la semana pasada por su Ejecutivo en torno a dos decretos sobre vivienda.

Los comicios se celebrarán nueve meses antes de la fecha prevista para el final de la legislatura. Sánchez justificó la decisión señalando que su Gobierno necesita una mayoría parlamentaria más amplia para poder avanzar con sus políticas, después de varios meses de dificultades para reunir apoyos suficientes en el Congreso.

El detonante inmediato fue el rechazo de dos decretos de emergencia habitacional que habían sido impulsados por el Gobierno tras la enorme presión de las movilizaciones provocadas por la crisis de vivienda y el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante décadas en su vivienda de Madrid.

Las iniciativas contemplaban, entre otras medidas, ampliar hasta 2030 la protección frente a determinados desahucios, establecer mecanismos para aumentar la oferta de vivienda asequible, limitar la adquisición de viviendas por parte de grandes fondos y extender determinadas prórrogas de contratos de alquiler.

Los dos textos fueron rechazados en el Congreso por la oposición del Partido Popular (PP), Vox y Junts. El segundo decreto también encontró el voto contrario del PNV. La derrota dejó nuevamente expuesta la fragilidad de la mayoría parlamentaria sobre la que se sostiene el Ejecutivo de Sánchez.

La disputa parlamentaria se produjo mientras las organizaciones de inquilinos, plataformas por el derecho a la vivienda y movimientos de izquierda obrera multiplicaban las movilizaciones en distintas ciudades españolas.

Las protestas crecieron especialmente después del desahucio de Maricarmen y cuestionaron el aumento de los alquileres, los desalojos y el peso de los grandes propietarios y fondos de inversión en el mercado inmobiliario. La crisis habitacional pasó así de ser una demanda sectorial a convertirse en uno de los principales conflictos sociales del país.

El rechazo de los decretos generó además nuevas protestas frente al Congreso, donde manifestantes reclamaron soluciones ante el encarecimiento de la vivienda.

Con la convocatoria, España entra formalmente en un nuevo escenario electoral. Sánchez defendió durante su anuncio la gestión de su Gobierno y reconoció que se cometieron errores, pero sostuvo que para avanzar en materia social y de vivienda será necesaria una mayoría parlamentaria más amplia.

El Partido Popular celebró la convocatoria, mientras que el escenario electoral estará atravesado por la disputa entre las fuerzas de derecha y el actual espacio de gobierno, además de la situación de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE.

Mientras tanto, el Gobierno analiza volver a aprobar los decretos de vivienda en un Consejo de Ministros y llevarlos posteriormente a la Diputación Permanente, que mantiene algunas funciones del Congreso durante el período electoral. La correlación de fuerzas allí es diferente a la del Pleno y podría permitir recuperar al menos parte de las medidas rechazadas.

La convocatoria electoral coloca así una problemática concreta en el centro de la disputa política: el acceso a la vivienda. Lo que comenzó como una crisis habitacional y una creciente movilización en las calles terminó provocando una derrota parlamentaria y, finalmente, el adelanto de las elecciones generales.

El 29 de noviembre, los españoles volverán a las urnas en un escenario donde el precio de los alquileres, los desalojos y el acceso a una vivienda digna ocuparán un lugar central en la discusión pública.