Milei usa la causa Malvinas como bandera: anuncia medidas que ya existían y una Base Naval en construcción desde 2022

Javier Milei anunció un paquete de medidas sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas. Estas medidas incluyen un DNU para ampliar los recursos destinados a la Base Naval Integrada de Ushuaia, sanciones contra empresas que exploten hidrocarburos en las islas y un proyecto de ley de “Defensa de la Soberanía Nacional”. Sin embargo, parte de las herramientas anunciadas ya estaban vigentes y la construcción de la base había comenzado durante el gobierno anterior. 

El presidente Javier Milei dedicó este jueves una cadena nacional a la cuestión Malvinas y presentó como una respuesta urgente el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte de las islas y operado por Navitas Petroleum junto a Rockhopper Exploration.

 

Milei anunció que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia para incrementar los recursos del Ministerio de Defensa destinados a acelerar la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, además de enviar al Congreso un paquete de iniciativas vinculadas con la soberanía y reforzar las sanciones contra las empresas que participen de la explotación de hidrocarburos en las aguas en disputa.

 

Pero el anuncio de la base tiene un dato que el discurso presidencial omitió: la obra existía desde antes de la llegada de Milei al poder. La construcción de la nueva Base Naval Integrada de Ushuaia comenzó oficialmente el 4 de marzo de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández. El entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezó el acto de inicio de los trabajos, cuyo objetivo era fortalecer las capacidades logísticas argentinas en el Atlántico Sur y la Antártida. 

 

En abril de 2023, además, el Ministerio de Defensa informó que las obras habían comenzado a principios de 2022 y que ya se habían realizado estudios preliminares y movimientos de suelo para la construcción de instalaciones modulares. Es decir, Milei no anunció la creación desde cero de una Base Naval para Malvinas, anunció la aceleración y ampliación de recursos para una obra estratégica que ya había sido puesta en marcha cuatro años atrás, pero lo vende discursivamente como una suerte de bandera para levantar su imagen negativa.

 

Algo similar ocurre con las sanciones a las petroleras. La Ley 26.659, sancionada en marzo de 2011, establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y prohíbe realizar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. La norma contempla sanciones administrativas, inhabilitaciones e incluso penas para determinadas actividades de exploración y extracción no autorizadas.

 

De hecho, en 2021, la Cancillería ya había iniciado un proceso de sanciones contra empresas vinculadas con el proyecto Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum, por actividades relacionadas con la exploración de hidrocarburos en la Cuenca de Malvinas Norte.

 

Por eso, el anuncio de Milei parte de instrumentos con los que el Estado argentino ya contaba para sancionar a compañías que operen en áreas reclamadas como parte de la plataforma continental argentina.

 

El proyecto Sea Lion es uno de los principales desarrollos petroleros proyectados en el Atlántico Sur. Actualmente, la israeli Navitas posee el 65% del proyecto y actúa como operadora, mientras Rockhopper conserva el 35%. Navitas Petroleum cotiza en la Bolsa de Tel Aviv; Rockhopper es una compañía tradicional británica, con todo lo que eso significa. El desarrollo contempla una explotación a gran escala y la compañía informó durante 2026 avances destinados a poner en marcha las primeras fases con una capacidad inicial proyectada de 55.000 barriles diarios.

 

Mientras Milei reivindica ahora una política de soberanía sobre Malvinas, su gobierno se dedicó a políticas extractivistas y de entrega del país como el RIGI, el intento de tirar la ley de tierras, de manejo del fuego, de glaciares y de desalojo, entre otras políticas. La defensa de la soberanía requiere presencia estatal, desarrollo científico y tecnológico, infraestructura, capacidad logística, industria nacional y una política exterior independiente del norte. Ser mascota yankee y del FMI no es se país soberano. 

 

Además, defender la soberanía argentina implica proteger los recursos estratégicos frente a quienes pretenden apropiarse de ellos. Porque si el petróleo de Malvinas es argentino, también lo son el mar, la cordillera, los humedales, la Antártida y el conjunto del territorio nacional y sus bienes comunes. La soberanía no se declama solamente en cadena nacional, se construye con políticas de Estado y lejos está Milei de eso. Populismo de derecha como ya lo hizo Galtieri en 1982.