Al patriarcado, ni un tantito así

En la República Argentina, las mujeres, feminidades y disidencias sexogenéricas nos encontramos en emergencia. El modelo económico neoliberal aplicado por Javier Milei en nuestro país recae sobre nuestros cuerpos e impacta de lleno en nuestras vidas: hasta julio el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven había contabilizado 147 asesinatos por razones de género. En agosto, los números escalaron estrepitosamente llegando a registrar 8 femicidios directos, 1 femicidio indirecto y 3 travesticidios, entre ellos los femicidios de Mailén Antonich, Milagros Cabrera, Janeth Anze Colque, Débora Bordón, Carina Candelas, Lucrecia Zarmat los travesticidios de Jessica Núñez, Gabriela Banach y el femicidio vinculado de un niño de 12 años. Estos femicidios elevaron la cifra a casi 160 agresiones fatales por odio de género y dejaron un saldo de 147 niños sin madre en nuestro territorio nacional.  

 

El análisis de cada caso particular nos permite vislumbrar varias cuestiones que hacen al ámbito de las políticas públicas de género, la desigualdad socioeconómica estructural y a la ineficacia de medidas preventivas en lo que respecta al ámbito de la justicia. Si nos remitimos sólo a los últimos hechos ocurridos durante el mes de agosto podemos vislumbrar el grado de vulnerabilidad en el que nos encontramos las mujeres y feminidades en general, pero sobre todo, aquellas de la clase trabajadora y en situaciones de exclusión social: Mailén fue asesinada al concurrir a una supuesta entrevista de trabajo, Débora Bordón era trabajadora sexual y fue asesinada por un cliente, Janet fue asesinada en su casa, Carina y Lucrecia en sus trabajos. Todas fueron asesinadas por sus ex parejas luego de haber presentado reiteradas denuncias debido a amenazas y otro tipo de hostigamientos. Mientras que Nahuel Godoy, de 12 años,fue asesinado por su padre luego de haber amenazado en reiteradas oportunidades a su madre con hacerlo para generarle un daño. 

 

Por otro lado, las compañeras travestis Gabriela Banach y Jessica Núñez fueron violentamente asesinadas en un contexto de abandono total del Estado Nacional y Provincial. Los colectivos LGBTIQ+ exigen que se caratulen estos crímenes como travesticidios en el contexto de incitación al odio a las identidades autopercibidas que vivimos a nivel nacional y en el marco de vulneración histórica de los derechos a la vivienda, al trabajo y a una vida digna que sufren las compañeras del colectivo. 

 

Las redes de acompañamiento estatal que logramos construir durante años de lucha y disputa para prevenir situaciones de violencia y promover relaciones de igualdad se comprueban deshechas, desfinanciadas o en peligro. Lo podemos ver a partir de medidas concretas como el cierre del Ministerio de la Mujer que ofrecía subsidios a proyectos y dispositivos intermedios que constituían los anclajes territoriales de contención de las violencias, el desmantelamiento de la Línea 144, la reducción y vaciamiento del Plan Acompañar, la reducción al 20% del presupuesto del año 2025 del Programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable  y al 3% del presupuesto 2023 Plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente, entre otros. 

 

Más allá de este desmantelamiento general de las áreas del Estado que en algún momento supimos demandar, construir y disputar, debemos hacer hincapié en el rol de la justicia, las modificaciones judiciales que requerimos para que nuestros agresores y potenciales femicidas cumplan con las penas dictadas por la Ley. Necesitamos que las fuerzas de seguridad y los jueces a cargo tengan una perspectiva de género, por ejemplo, a la hora de dictar prisiones preventivas ante el incumplimiento de restricciones perimetrales o amenazas. Medidas que jamás ocurren y por las cuales se registran situaciones de acoso sistemático que luego culminan en otras violencias físicas o la muerte. También requerimos recursos específicos a disposición: casas de acogida, dispositivos de seguridad para víctimas, medidas de toma de testimonio que eviten la revictimización constante. 

 

Por último, la situación política, social y económica que impone el modelo de La Libertad Avanza no nos permite detenernos a pensar en los peligros: las mujeres y feminidades de la clase trabajadora salimos a la calle a conseguir el plato de comida, trabajar a veces implica exponerse a la violencia, un plato de comida, un techo, a veces implica estar con un hombre violento. El discurso de la derecha conservadora nos quiere en la cocina, cuidando a los hijos y al mismo tiempo nos empuja a la calle a buscar el mango a cualquier costo. En ese filo estamos viviendo, en un discurso contradictorio, sin políticas de cuidado, sin posibilidad de elegir y la violencia de esa contradicción que nos objetiviza legítima una violencia que todos los días se vuelve contra nuestra psiquis y nuestro cuerpo, por eso decimos que el Estado es responsable. Queremos vivir, no sobrevivir.  Al neoliberalismo y al patriarcado, ni un tantito así.