La Suprema Corte de Justicia de Mendoza anuló la vergonzosa absolución que en 2023 benefició a la monja Kumiko Kosaka y dictó su condena por los abusos cometidos contra niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el Instituto Antonio Próvolo. El máximo tribunal provincial dejó sin efecto la resolución de primera instancia del proceso conocido como “Próvolo II”, que dejaba impunes a las autoridades del establecimiento. Esta resolución es una victoria para las víctimas y sus familias, quienes batallaron años contra la inacción judicial y sufrieron múltiples revictimizaciones en manos del Estado y la Iglesia.

Las denuncias sobre la escuela albergue de Luján de Cuyo salieron a la luz en 2016 y expusieron una trama sistemática de abusos sexuales, torturas y sometimiento a menores hipoacúsicxs. El proceso penal destapó la complicidad institucional de la Iglesia Católica, que durante años trasladó y protegió a sacerdotes abusadores, entre ellos los curas Horacio Corbacho y Nicolás Corradi, condenados en 2019 a penas de más de 40 años de prisión en el primer juicio de la causa. En ese esquema de violencia, Kosaka cumplió un rol determinante al participar activamente de las agresiones y entregar a les niñes a sus victimarios.

El polémico veredicto de 2023, en el que un tribunal absolvió a Kosaka junto a la exdirectora Graciela Pascual y a otras siete empleadas y religiosas, pretendió desautorizar los testimonios de les sobrevivientes. Durante aquel proceso, la defensa pedófila liderada por Carlos Varela Álvarez aplicó una estrategia de revictimización para desacreditar la palabra de les chiques. La sentencia de la Corte deja en claro que el aparato eclesiástico y la administración del colegio actuaron en una red para encubrir la violencia perpetrada dentro del establecimiento.

De esta manera, el fallo desmonta los argumentos que intentaron descreditar los relatos de las víctimas durante años. Además, es una decisión que demuestra que la movilización y la lucha contra la impunidad son el camino. La condena contra la monja Kosaka sienta un precedente ineludible en la lucha contra la violencia institucional y los abusos eclesiásticos. Los colectivos sociales mantienen la alerta comunitaria y la exigencia de castigo para la totalidad de los responsables y encubridores de este crimen del Estado y de la Iglesia.