En primer lugar, seguimos creyendo que marchar sirve siempre porque lo peor que podría pasarnos es la desmovilización. A pesar de todo, hay reservas de lucha que se manifiestan en diferentes convocatorias, independientemente de si todas son igual de masivas que otras.  

Hecha la aclaración sobre la necesidad de seguir saliendo a las calles, se debe advertir que estamos ante un gobierno diferente a cualquier otro desde 1983. La caracterización de este momento histórico como un periodo post democrático se basa precisamente en que hay un poder político que abiertamente reconoce que vino a recortar derechos, que no negocia ni tampoco dialoga. Es más, introduce nuevamente la figura del “t3rr0r1st4” a cualquiera que solamente insinúe cierta crítica a su modelo económico de ajuste permanente. En síntesis, el gobierno de Milei niega la existencia de un otro con el cual se pueda conversar democráticamente y llegar a algún acuerdo que implique ceder, aunque sea parcialmente.

Este escenario se observa con claridad en la ley de financiamiento universitario. Primero, el Congreso la sancionó, después Milei la vetó y, cuando ambas cámaras rechazaron el veto por amplia mayoría, el Presidente se vio obligado a promulgar la ley, pero en el mismo decreto suspendió su aplicación. Desde la recuperación democrática, no hay registro de una situación similar. El gobierno explícitamente dice que no va a cumplir la ley sin que le importe la comisión del delito de incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.

Como si fuera poco, el mismo día de la marcha federal universitaria en la cual se le exigió el cumplimiento de la ley, el gobierno publicó la Decisión Administrativa 20/2026 y oficializó un ajuste presupuestario de $78.768 millones en la Secretaría de Educación que incluye recortes al Plan Nacional de Alfabetización, Fondo de Compensación Salarial Docente y obras de infraestructura en Universidad Nacionales.

Y si todavía queda alguna duda, el propio Subsecretario de Políticas Universitarias reconoce sin pudor que “se pueden juntar 5 millones de personas, pero la restricción presupuestaria sigue estando ahí.” Es decir, su objetivo es claro: hacernos ver que nuestras marchas no sirven y que, por más bullicio que hagamos en las calles, nada cambiará. Nos invitan a nuestra desmoralización y, por ende, a desmovilizarnos.

En el mismo sentido, lo que ocurre específicamente con la temática universitaria se replicó en discapacidad, puesto que ahí también se incumple con el financiamiento. En la ley bases, Milei tuvo una derrota en febrero de 2024 pero insistió y logró en junio de ese mismo año la sanción de ese paquete de leyes que conforman el régimen legal del saqueo. De esta forma, el gobierno mantiene siempre su agenda sin importar la legitimidad de los reclamos y no tiene pensado modificar su dirección porque la época de escuchar la calle se terminó. No son tibios como Macri, dicen.

Nos enojamos porque el gobierno no juega a la democracia con nuestras reglas, hace trampa y rompe consensos que creíamos consolidados. Dicen abiertamente que no les interesa jugar bajo las normas de convivencia política que conocimos. Quizás allí radique su fortaleza. Por el contrario, la forma en la cual el campo popular entiende la democracia y la institucionalidad nos trajo hasta acá. Ése el motivo por el cual quedamos asimilados al sistema porque, en algún momento, dejamos de advertir que las instituciones en Argentina están diseñadas para resguardar los intereses de una clase minoritaria. Ahora que el juego cambió y Milei asume la cara más cruel del capital, no sabemos qué hacer. 

El cuadro actual no implica abandonar el músculo tan necesario de las movilizaciones, pero nos invita a repensar su modalidad y también el objetivo con el cual marchamos porque su eficacia se encuentra evidentemente agotada. Urge imaginar consignas que puedan atraer a un sujeto social hoy disperso que sufre el ajuste pero que no sale a la calle. Terminamos siendo los mismos de siempre y eso lo advertimos en el carácter previsible de nuestros actos que terminan con la lectura del documento y la desconcentración ordenada.

Si las convocatorias siguen teniendo el carácter previsible de los últimos años, en este contexto postdemocrático, los resultados van a ser iguales. Hay una potencia en lo imprevisto que debemos transitar y, por eso, no hay que contener lo que pueda surgir en la calle. Es el momento de experimentar herramientas, métodos y consignas rupturistas. Si emergen formas de contraviolencia, no pueden ser objeto de rechazo automático con la mera excusa de la teoría del infiltrado y que “se le hace el juego al gobierno.”

Hay que asumir el conflicto total, agitarlo, organizar la fuerza social y desatarla con la potencia de la disrupción. Si las marchas que exigen el cumplimiento de la ley no modifican el escenario, habrá que movilizar para que se vayan ya mismo. Se trata de construir desde abajo la impugnación total de este modelo y no sólo del presidente. Si no escuchan y cada día la destrucción es mayor, ¿por qué esperar hasta 2027? La legitimidad popular no nace únicamente de las urnas, también debe validarse constantemente.

El poder económico pretende que asumamos como normal convivir con el pluriempleo, el desfinanciamiento a la educación y la salud pública, el ajuste permanente y el tutelaje ignominioso de una potencia extranjera. Todo esto no puede ser derrotado sólo electoralmente en 2027. Se necesita construir colectivamente una respuesta acorde a la humillación y violencia con la cual el gobierno y su clase sometieron a las mayorías populares. Hace falta un escarmiento que entierre esta “normalidad” y permita abrir un nuevo horizonte democrático y de transformación social.

Para que empiece a pasar algo en este país, hay que dejar de apostar a que todo lo resuelva la superestructura política y abandonar la búsqueda constante de representación porque todo eso es lo previsible y lo que hoy está neutralizado. La imaginación política que necesitamos debe empezar por construir un contrapoder que esté anclado en lo territorial y que perdure a los cambios de gobierno. La nueva institucionalidad deberá contar con un poder popular autónomo que no delegue su potencia, sino que asuma un nuevo protagonismo social.