Durante los últimos días, en distintas provincias del país hubo amenazas de tiroteos en escuelas, por lo que algunos establecimientos quedaron bajo custodia policial. En Córdoba, por este motivo ya hay adolescentes imputados. Luego de que un menor asesinara a un compañero de la escuela en San Cristòbal, Santa Fe, las autoridades investigan una comunidad online donde glorifican los actos violentos. Lejos de ser solo una broma o un trend de tiktok, como lo denominaron los medios, esto pone de manifiesto un profundo malestar que el Estado intenta gestionar mediante vigilancia pasando por alto las causas materiales que lo alimentan.
En distintas ciudades la secuencia se repite, antes de las amenazas en los baños, los chicos empezaron a llevar armas a las escuelas. En la Ciudad de Buenos Aires, encontraron que un pibe de 16 años había elaborado un plan de ataque. En seguida se montó una reacción mediática de estigmatización y morbo que además operó como una suerte de tutorial explicando el paso a paso en detalle y explotando la angustia social sin explicarla. En Mendoza, en una escuela en el pueblo de La Paz (un lugar muy tranquilo, valga la redundancia) una niña entró armada y se atrincheró. Frente a esto el Gobierno provincial orquestó un despliegue policial desproporcionado con helicópteros, grupos especiales y patrulleros, transformando un pedido de auxilio en un escándalo de seguridad.
Antes los conflictos escolares se dirimían en el ámbito de la convivencia pedagógica. Hoy nos encontramos ante una deriva securitaria. Pretenden solucionarlo sin mochilas y con rondas de inspección.
En la provincia en la que soy docente, Mendoza, la respuesta de la Dirección General de Escuelas es siempre punitivista. Desde la promoción de una ley de multas a los padres, pasando por un protocolo escolar elaborado por la policía, hasta la prohibición del ingreso con mochilas, se ensayan soluciones tanto ridículas como ineficaces. Estas acciones criminalizan la pobreza y la falta de herramientas en hogares donde los adultos trabajan jornadas interminables para subsistir. Mientras se militariza el ingreso escolar, el gobierno nacional habilita la adquisición de fusiles para civiles, en una extraña mimesis con el modelo estadounidense.
Frente al ingreso de chicxs con armas a las escuelas, se pretende cerrar la discusión con la explicaciòn del “bullying” o, como lo rebautizaron esta semana, “violencia escolar”. La violencia explota en la escuela pero no es allí donde se origina. Al etiquetar estas situaciones como acoso escolar, el Gobierno y los medios privatizan el conflicto. Señalan culpables individuales —niños violentos, familias negligentes o docentes sin formación— para exculpar al Estado de su responsabilidad en la prevención y garantizar condiciones de vida digna de la población. El bullying existe, pero su causa no reside en una supuesta maldad intrínseca de los niños, sino en una sociedad que fagocita sus vínculos.
Por más absurdo que suene, les dijeron “no traigan mochilas” pero en ningún momento les dijeron “no traigan armas a la escuela”. Poner las escuelas bajo consigna policial y hacer rondines de inspección, es puro punitivismo, lo contrario a educar. En la formación del pensamiento crítico los chicos necesitan que los ayudemos a pensar haciéndoles preguntas y permitiendo que nos interpelen en lugar de imponerles medidas que cancelen toda discusión. Antes que en la violencia escolar hay que poner el foco en la violencia económica ejercida sobre los pibes, la incertidumbre sobre el futuro, la destrucción de nuestro hábitat. ¿Qué tiene para perder una generación que nace endeudada? ¿Qué tienen para ganar cuando coordinan amenazas? ¿Qué nos están haciendo mirar?
Las docentes, quienes sostenemos con nuestros cuerpos la crisis de reproducción social, no podemos seguir siendo el único dique de contención ante la desidia estatal. Nos bombardean con la responsabilidad de reponer todo lo no enseñado en los hogares, gestionar la violencia y ahora debemos formarnos sobre “cómo detectar a un acosador”. No queremos ser detectives, queremos enseñar.
No hay multa que te devuelva a un hijo. Es una burla que la respuesta frente a la violencia sean multas y requisas. Así como la escuela no debe ser un lugar para morir, tampoco debe ser un escenario para naturalizar la vigilancia policial. Ni las docentes ni los chicos deberíamos estar inseguros en la escuela, por eso hay que ubicar las responsabilidades en quienes prefieren invertir en patrulleros antes que en la dignidad de las nuevas generaciones.
