En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio acaba de presentar un proyecto de reforma jubilatoria que parece redactado hace un siglo. Sintonizado a la perfección con la motosierra de Javier Milei en el plano nacional, Frigerio ensaya en territorio entrerriano un brutal laboratorio de ajuste contra la clase trabajadora: pretende fijar la edad jubilatoria más alta de toda la Argentina.

Bajo la eterna narrativa patronal del “déficit crónico” y el “colapso matemático” debido al aumento de la expectativa de vida, el oficialismo intenta tapar el sol con las manos. Lo que ocultan deliberadamente es que la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos está desfinanciada por las deudas históricas del Estado nacional y por una política sistemática de miseria salarial que el propio Frigerio profundizó. Al mantener paritarias a la baja, pagar sumas fijas en negro y perpetuar la precarización laboral dentro del propio Estado, el gobierno ahoga los aportes del sistema previsional para luego usar esa misma crisis como excusa para el saqueo.

Morir en el puesto de trabajo 

El núcleo duro del proyecto es una condena: unificar de forma progresiva los requisitos en 65 años de edad y 35 años de aportes para varones y mujeres hacia 2031, elevando la vara a los 68 años para quienes recién ingresen al sistema. Una edad esclavista que compite con los regímenes más hostiles del planeta.

Este zarpazo tiene, además, un sesgo de género brutal. Al igualar las edades, el Estado desconoce de un plumazo el trabajo de reproducción social y de cuidados que recae históricamente sobre las mujeres y las identidades feminizadas, sumando más años de explotación a sus vidas. Paralelamente, la declaración de la “emergencia previsional” le otorga a Frigerio la suma del poder discrecional para meterle la mano en el bolsillo a los activos y pasivos mediante aportes extraordinarios, mientras que a las patronales del agronegocio y a las grandes fortunas de la provincia se las sigue beneficiando con exenciones fiscales.

El fin del 82% móvil y la trampa del promedio 

Como la Constitución entrerriana blinda el histórico 82% móvil, el ejecutivo provincial ideó una estrategia tramposa para licuarlo: en lugar de calcular el haber jubilatorio en base a los últimos 10 años de actividad, el proyecto estipula promediar los últimos 20 años. El resultado es matemático, pero político: jubilaciones violentamente más bajas. Un robo de guante blanco. A esto se suma el ataque frontal a los regímenes especiales (docentes y sectores insalubres), obligando a estirar la vida laboral en áreas de altísimo desgaste psicofísico.

La complicidad burocrática y la respuesta desde abajo 

Este atropello no avanza en el vacío. Cuenta con el aval de la burocracia sindical de UPCN (con el histórico dirigente salpicado por corrupción, Ángel Allende, mandando a los trabajadores a “dialogar” en vez de “hacerse los cocoritas en la calle”), la UDA y el SUOYEM, quienes operan como amortiguadores del conflicto social. A esto se suma el colaboracionismo de sectores del peronismo parlamentario que ya tendieron puentes para garantizarle los votos a la derecha.

Las masivas movilizaciones en la provincia demuestran que el consenso para este saqueo no existe en las calles. Frente a una dirigencia sindical entreguista y una casta política dispuesta a pactar el hambre de los futuros jubilados, la única salida viable es el desborde desde las bases. El activismo en escuelas, hospitales y dependencias estatales ya debate la necesidad de asambleas soberanas y un plan de lucha unificado capaz de paralizar la provincia y forzar el retroceso del plan Frigerio-Milei.