El Gobierno chino intensificó durante 2026 su ofensiva fiscal sobre las grandes fortunas y las empresas de mayor tamaño. Las autoridades tributarias ampliaron las inspecciones, reclamaron impuestos atrasados y pusieron el foco sobre los patrimonios que utilizan fideicomisos y otras estructuras financieras offshore para administrar inversiones fuera del país.

Uno de los principales cambios afecta a los fideicomisos radicados en el extranjero. Desde el 22 de octubre comenzará a aplicarse un régimen que grava con una tasa del 20% determinados ingresos obtenidos a través de estas estructuras, incluyendo dividendos e intereses. Además, las autoridades establecieron un período para que los contribuyentes regularicen obligaciones tributarias correspondientes a años anteriores.

La medida alcanza a ciudadanos chinos con importantes patrimonios en plazas financieras como Hong Kong, Singapur, Japón y Estados Unidos, y supone un cambio significativo para quienes durante años utilizaron estructuras internacionales para administrar parte de sus fortunas.

La presión no se limita a los fideicomisos. Según una investigación de Bloomberg, las autoridades fiscales chinas crearon equipos especializados para perseguir grandes patrimonios, en algunos casos concentrados en contribuyentes individuales, mientras también se intensificaron las reclamaciones de impuestos atrasados a empresas.

Durante el primer semestre de 2026, más de un centenar de compañías cotizadas tuvieron que pagar alrededor de 7.700 millones de yuanes en impuestos atrasados, según datos recopilados por Bloomberg.

La recaudación del impuesto a la renta personal también aumentó con fuerza. En los primeros seis meses del año alcanzó los 898.200 millones de yuanes, un 13,1% más que durante el mismo período de 2025. Analistas atribuyeron parte del incremento a una aplicación más estricta de las normas sobre contribuyentes de altos ingresos.

La ofensiva fiscal se produce en un contexto económico particularmente complejo. La prolongada crisis inmobiliaria redujo drásticamente los ingresos de los gobiernos locales provenientes de la venta de terrenos, una de sus principales fuentes de financiamiento durante décadas.

Según datos citados por Bloomberg, los gobiernos central y locales gastaron durante el último año alrededor de 1,9 billones de dólares más de lo que ingresaron, mientras que la caída de los ingresos vinculados al suelo profundizó las dificultades presupuestarias.

El Gobierno de Xi Jinping busca así ampliar la base efectiva de recaudación y reforzar el principio de que los ciudadanos y empresas con mayores ingresos deben cumplir con sus obligaciones tributarias también cuando sus activos se encuentran fuera del territorio chino.

La campaña se inscribe además en el discurso oficial de “prosperidad común”, que plantea reducir las desigualdades y ampliar la participación de los sectores de mayores ingresos en el financiamiento del Estado.

La ofensiva genera resistencia entre las grandes fortunas capitalistas, algunas de las cuales comenzaron a vender activos, solicitar préstamos o buscar mecanismos para afrontar las nuevas obligaciones. También creció la preocupación entre bancos y asesores financieros de Hong Kong y otras plazas asiáticas que temen un giro de izquierda en materia económica.

Más allá de sus efectos sobre los mercados financieros, la decisión expone una disputa central: en un contexto de desaceleración económica y presión sobre las cuentas públicas, China está aumentando la fiscalización sobre quienes concentran una parte considerable de la riqueza, en lugar de limitar el ajuste exclusivamente al gasto estatal, que siempre perjudica a la clase trabajadora.