La Cámara de Representantes aprobó por 220 votos contra 192 una resolución republicana que condena al socialismo “en todas sus formas” y apunta directamente contra Democratic Socialists of America (DSA). El texto también respalda la llamada SAVE America Act, una iniciativa republicana para endurecer los requisitos de identificación electoral. Ocho demócratas votaron junto al bloque republicano.
La ofensiva ideológica contra la izquierda volvió a ocupar el centro de la política estadounidense. Este martes 1 de septiembre, la Cámara de Representantes aprobó la H. Res. 1490, una resolución no vinculante que condena y denuncia el socialismo “en todas sus formas”. La iniciativa obtuvo 220 votos a favor, 192 en contra y dos abstenciones.
El proyecto fue impulsado por el republicano Jeff Crank y no se limita a condenar al socialismo en términos generales: el texto menciona expresamente a Democratic Socialists of America (DSA), organización que en los últimos años ganó peso dentro de la política estadounidense y cuenta entre sus integrantes con figuras como la congresista Rashida Tlaib.
Desde el Partido Republicano, la resolución presenta al socialismo como una amenaza para las libertades individuales y los valores constitucionales estadounidenses. Durante el debate, sus impulsores apelaron a una larga lista de argumentos anticomunistas y antisocialistas, vinculando las experiencias socialistas con autoritarismo, violencia y pérdida de libertades.
El blanco político no es casual. El DSA viene atravesando un crecimiento electoral, particularmente entre sectores jóvenes y trabajadores, y sus candidatos han conseguido avances en distintas elecciones y primarias durante 2026.
La organización reivindica políticas como la salud pública universal, derechos laborales, ampliación de programas sociales y una mayor carga impositiva sobre las grandes fortunas.
La congresista Rashida Tlaib, integrante del DSA, rechazó la resolución durante el debate y sostuvo que el problema de los trabajadores estadounidenses no es el socialismo sino el poder de las grandes corporaciones y la concentración de riqueza.
El crecimiento de estas posiciones explica, en parte, la virulencia de la respuesta republicana. Lo que hasta hace algunos años podía aparecer como una discusión marginal dentro de la política estadounidense hoy forma parte de una disputa electoral cada vez más visible.
Pero la resolución contiene otro elemento central: su respaldo a la SAVE America Act, una iniciativa republicana que busca endurecer los requisitos para demostrar ciudadanía al momento de registrarse para votar.
El texto aprobado por la Cámara sostiene que las elecciones estadounidenses deben quedar reservadas a ciudadanos del país y cuestiona la posibilidad de que personas no ciudadanas o personas encarceladas participen en procesos electorales.
Los republicanos presentan estas medidas como mecanismos de “seguridad electoral”. Desde sectores demócratas y organizaciones de izquierda, en cambio, denuncian que forman parte de una estrategia para dificultar el acceso al voto de sectores populares y grupos históricamente más vulnerables.
La incorporación de la SAVE America Act fue precisamente uno de los motivos por los que numerosos demócratas rechazaron la resolución. La combinación de una declaración contra el socialismo con una iniciativa sobre las reglas electorales fue interpretada por legisladores demócratas como una maniobra política destinada a dividir a su partido de cara a las elecciones de noviembre.
La resolución consiguió además el respaldo de ocho representantes demócratas: Kathy Castor, Henry Cuellar, Don Davis, Jared Golden, Vicente Gonzalez, Marie Gluesenkamp Perez, Darren Soto y Gabe Vasquez.
Otros dos demócratas votaron “presente” y 192 rechazaron la iniciativa.
La votación expone las profundas contradicciones existentes dentro del Partido Demócrata. Mientras una parte de su dirigencia intenta disputar el centro político y contener el crecimiento de la izquierda, organizaciones como el DSA avanzan entre sectores que cuestionan el modelo económico estadounidense.
El resultado es una disputa que excede ampliamente una resolución parlamentaria.
La resolución no tiene fuerza de ley, pero su importancia es fundamentalmente política. A pocos meses de las elecciones de medio término, los republicanos buscan instalar el socialismo como uno de los principales enemigos internos y convertir el crecimiento de la izquierda estadounidense en un eje de campaña.
La operación tiene una lógica clara: si el socialismo vuelve a ganar presencia electoral, también vuelve a convertirse en un enemigo que debe ser combatido desde las instituciones, los medios y las campañas electorales.
Pero detrás de la retórica anticomunista aparece una contradicción difícil de ocultar. Mientras el Congreso dedica su tiempo a condenar una corriente política que propone salud, educación y derechos sociales universales, millones de trabajadores estadounidenses enfrentan alquileres elevados, precarización laboral, endeudamiento y dificultades para acceder a servicios básicos.
La resolución puede condenar al socialismo.
Lo que no puede hacer es borrar las condiciones sociales que explican por qué cada vez más trabajadores y jóvenes estadounidenses vuelven a discutirlo.
