Chubut nos ofrece hoy un escenario contradictorio. Mientras es un ejemplo de resistencia popular a la avanzada extractivista de nuestros bienes comunes desde hace más de 20 años, también es un laboratorio de guerra para aleccionar a su movimiento popular, desarticularlo y favorecer los negocios del capital trasnacional que busca arrasar con el medio ambiente. Esto último está en juego actualmente con la sentencia condenatoria a seis vecinos imputados por su participación en el Chubutazo de 2021.
La historia de las organizaciones vecinales, sociales y de la comunidad chubutense en defensa de su ambiente tiene como hito fundante la Ley 5001 de 2003 que prohíbe en toda la provincia la actividad minera metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro.
Esta ley fue el resultado de gigantescas movilizaciones ciudadanas que se desarrollaron ante la posibilidad que la multinacional Meridian Gold en 2002 explotase oro y plata en las montañas a diez kilómetros del casco urbano de Esquel. Inmediatamente, floreció un proceso asambleario sin estructuras verticales. Todo se debatía y se sometía a votación transparente y horizontal.
La lucha callejera logró que en febrero de 2003 el Concejo Deliberante de Esquel aprobase la realización del plebiscito por el NO a la Mina, el primero en Argentina, con un resultado apabullante: el 81 por ciento dijo “no” a la megaminería. Esto se contagió a los municipios vecinos de Trevelin, Lago Puelo y Epuyén, en los cuales también se rechazó la actividad extractiva. Poco después consiguieron la sanción de la Ley 5001. La presión de la ciudadanía movilizada, que asumió un rol protagónico, parió un instrumento institucional para poder defenderse.
Tras 18 años de sancionada la ley, en diciembre de 2021, el entonces gobernador Arcioni celebró la aprobación de su proyecto de ley de zonificación en la Legislatura que habilitaba la megaminería a cielo abierto. La ley tenía nombre: Pan American Silver, empresa minera canadiense. La sesión fue a espaldas de la población.
La reacción no tardó en llegar y comenzaron a multiplicarse las movilizaciones multisectoriales en Rawson, Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, entre otras ciudades. A la presión callejera se sumaron cortes de ruta, paros generales de las dos CTA y varios gremios de la CGT. Toda esa lucha popular culminó con que Arcioni diera marcha atrás y enviase un proyecto para derogar la ley que habilitaba la explotación minera. Un verdadero Chubutazo.
Si bien el triunfo de la comunidad movilizada fue trascendental, a medida que se fueron calmando las aguas, se inició una persecución judicial contra sus protagonistas.
El 26 de agosto del 2022 la Oficina Judicial de Rawson citó a declarar a 24 vecinos de Rawson, Trelew y Puerto Madryn que habían participado de las manifestaciones de 2021. Se trató de un entramado articulado de medios locales, poder político y poder judicial por el cual las denuncias y acusaciones falsas se retroalimentaron incesantemente. Asimismo, cuando la jueza había aceptado la probation para algunos de los imputados, el Gobernador Ignacio Torres salió a fustigarla por tal decisión. Se configuró, de esta manera, un lawfare ya no contra dirigentes sino contra vecinos.
Así se llegó a la sentencia de fecha 22 de abril de 2025, en la cual se resolvió la responsabilidad penal de seis de los ocho vecinos que enfrentan cargos por hurto y daños y uno de ellos por incendio. Como bien señaló Noelia Silva, comunicadora de Radio Sudaca y de Autoconvocadxs por el Chubutazo, no existieron pruebas para acusar a las personas imputadas en un proceso repleto de irregularidades. Un dato adicional: uno de los absueltos se llamaba Lautaro Martínez quien se suicidó horas antes de la audiencia final.
Esta causa es un emblema de la selectividad del sistema judicial, puesto que las personas condenadas son de barrios empobrecidos pertenecientes a zonas marginadas y de escasos recursos que, acostumbrados a la violencia institucional, fueron la primera línea de la resistencia para rebatir la represión desatada en las jornadas de diciembre de 2021.
La sentencia se da en un contexto de anuncios de extracción de uranio tanto a nivel provincial como a nivel nacional.
A nivel provincial, el Gobernador Torres presentó el proyecto de Ley 047/2025 que pretende habilitar la explotación de uranio en la meseta central de Chubut. La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut denunció que se busca generar un hueco legal para el avance de la megaminería de uranio. En consecuencia, esto se haría haciendo caso omiso a la ley provincial 5001 y será la puerta de entrada a otros proyectos mineros en toda la provincia.
A nivel nacional, el antecedente lo encontramos en un anuncio de Milei en diciembre de 2024 sobre Plan Nuclear Argentino y el uso de reservas de uranio para ello. Incluso señaló que “contamos con tierras inhóspitas a baja temperatura en toda nuestra Patagonia, lo cual es una ventaja comparativa para montar servidores de Inteligencia Artificial.”
Recientemente, en una “entrevista” con Fantino, Milei habló del uranio en Chubut y, sin sonrojarse, dijo que “vas a tener estadounidenses en fila para sacarlo” y que “ese mercado no se regula, vienen y te lo compran.”
Ante una Legislatura vallada, el pasado jueves 24 de abril la legislatura de Chubut ratificó el decreto del gobernador Torres que habilita la reconversión del área de Cerro Dragón en la cuenca del Golfo San Jorge. Se permite entonces la explotación de hidrocarburos no convencionales (fracking) con la empresa Pan American Energy (PAE) de Marcos Bulgheroni hasta el año 2070. Como si fuera poco, la trasnacional pagará aún menos regalías, puesto que se beneficiará de una baja del 12% al 9% al acogerse al RIGI.
Todos estos proyectos se inscriben en el marco del acuerdo con el FMI y el otorgamiento de un nuevo préstamo. La deuda es impagable en términos objetivos por lo que resulta llamativo que EEUU habilite nuevos desembolsos sin una garantía. Si bien Argentina es insolvente financieramente, no lo es en términos de sus bienes comunes naturales y tierras raras.
En efecto, en tan sólo unas semanas, el país recibió la visita del Secretario del Tesoro Scott Bessent y recientemente la del Jefe del Comando Sur Alvin Holsey que, luego de reunirse con Milei, visitó Ushuaia en medio de rumores de instalación de una base naval conjunta con EEUU.
Argentina se perfila como un protectorado estadounidense, es decir, un estado proxy en una región en disputa, cuyos recursos estratégicos son objeto de la codicia de la administración trumpista.
En un contexto de crisis económica y social como la que se atraviesa, lo primero que hacen los gobiernos ajustadores es enfrentar a la ciudadanía entre sí y romper su cohesión. En 2002, en Esquel, el gobierno vendía la instalación de la megaminería como una solución para la desocupación y una llave para el progreso. Hoy Milei abiertamente dice que “no sirve de nada tener el uranio enterrado y cagarte de hambre.”
Frente a estas maniobras, no hay otra opción que oponer otro discurso que desmonte la operación en torno a que el saqueo de nuestros bienes comunes naturales puede resolver la crisis precisamente porque son las clases populares, las barriadas más humildes quienes primero sufren las consecuencias de la contaminación. No puede pagarse la deuda externa a costa de nuestros suelos, montañas y ríos porque estos modelos de expoliación solo dejan más pobreza y desigualdad.
La defensa de nuestros territorios puede ser una bandera multisectorial, federal y transversal que una todas las luchas y todos los sectores, es decir, que pueda derrotar la actual fragmentación social y política y nos permita construir lo común: el lugar que habitamos debe ser defendido.
La experiencia de las asambleas en Chubut nos enseña que la democracia se ejerce en la calle y que el poder avanza cuando el pueblo se retira de estos espacios y cede su protagonismo en estructuras institucionales hoy vetustas y subordinadas al capital. La presión que se pueda ejercer de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro de los palacios puede cambiar la historia.
Con las reservas de lucha de nuestro pueblo, con lo que quede en pie de la política institucional y partidaria, habrá que imaginar colectivamente un rumbo distinto y deseable.
