La principal alerta que mantienen encendida las asambleas de vecinos no es solo el consumo de agua, sino el potencial de contaminación a largo plazo. En una carta abierta a los legisladores, ONGs ambientalistas han insistido en que el proyecto San Jorge implica un “riesgo de Drenaje Ácido de Mina (DAM)“. El DAM es una reacción química que se produce cuando los minerales sulfurados expuestos en la roca entran en contacto con el aire y el agua, generando un ácido que lixivia (disuelve) metales pesados y otras sustancias tóxicas. Este proceso puede contaminar el agua superficial y subterránea por cientos o miles de años, volviéndola inservible para el consumo humano y la agricultura, y representando una seria amenaza para la salud de la población mendocina. Es este riesgo geológico el que mantiene a la opinión pública en alerta, más allá de las intenciones de extracción de cobre de la empresa.

| Ley 7722 guardiana del agua pura

En Mendoza, un pilar fundamental en la defensa del agua es la Ley 7722, una normativa pionera en el país que prohíbe el uso de sustancias químicas contaminantes como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras en la minería metalífera, obligando a que cualquier Declaración de Impacto Ambiental (DIA) pase por el control legislativo. La vigencia y la férrea defensa de la 7722 han sido cruciales para frenar el avance de San Jorge y otros proyectos. No obstante, cada nuevo intento de reactivación es interpretado por la sociedad como un ataque a esta ley, que se erige como el verdadero dique legal contra la flexibilización ambiental.

| Falsas Promesas 

Detrás de los expedientes técnicos y las discusiones legales, la historia del proyecto San Jorge también está marcada por promesas socioeconómicas engañosas. Las compañías mineras suelen fundamentar sus proyectos en la promesa de miles de puestos de trabajo. Sin embargo, la realidad de la megaminería es que la mayor parte del empleo es temporal, concentrado en la etapa de construcción, y la cantidad de trabajadores locales especializados requeridos para la etapa de explotación es significativamente menor a lo que se promete, desenmascarando las mentiras sobre la creación de empleo masivo como un argumento clave para la licencia social.

A esto se suma la vulneración de derechos de los pueblos originarios. Comunidades como la Huarpe, Kolla y Mapuche han denunciado que no dieron su consentimiento libre, previo e informado (CPLI) al proyecto, un requisito ineludible bajo el Convenio 169 de la OIT. Esta omisión agrava la ilegitimidad del proyecto.

Finalmente, la respuesta a la oposición social se ha visto teñida, en diversas ocasiones, por la criminalización de la protesta social. Solo durante el 2025 el Gobierno de Cornejo detuvo a 6 compañeres por luchar. La defensa del agua en Mendoza, con sus históricas marchas, ha enfrentado persecución y hostigamiento, intentando desgastar y silenciar a las asambleas y activistas que son, en última instancia, los custodios de los glaciares y el agua que abastecen a la provincia.