Mediante el Decreto 383/2025, publicado en el Boletín Oficial, el gobierno oficializó una reforma de la Policía Federal, creando una unidad nueva llamada Departamento Federal de Investigaciones (DFI). Con este órgano, apodado por el propio oficialismo como “el FBI argentino”, se busca instalar un sistema de vigilancia a la sociedad con requisas y detenciones sin autorización judicial en el marco de lo que consideran “prevención de delitos”.
Se le permite a la DFI obtener acceso a todos nuestros datos y recolectar información de nuestras publicaciones en las redes sociales. Desde ya mencionamos que estas medidas violan artículos de la Constitución Nacional y tratados internacionales a los que adhiere nuestro país. Por tal motivo, “es una medida que profundiza el autoritarismo y suspende las garantías democráticas”. Se trata de un debate al que nosotros queremos agregar la problematización de las limitaciones y falencias de esta democracia que permite estas y otras políticas del gobierno nacional y sus aliados.
Con esta reforma, el ciberpatrullaje queda habilitado. De esta manera, se tiene acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante tareas de “investigación o de inteligencia criminal”. Así, cualquier publicación o comentario que el gobierno considere como una posible acción criminal, puede conducir a una requisa policial sin orden judicial.
Esto aplica tanto a perfiles personales como a páginas o medios de comunicación que desarrollamos nuestra tarea desde las redes.
De esta manera el gobierno logra por decreto tener acceso a todo lo que se publica en redes sociales, instalando un régimen de persecución política digital. Que además incluye el acceso a la información de nuestros datos personales sin nuestro consentimiento. Es decir, el gobierno puede obtener hasta nuestros movimientos si considera que estamos planificando actividades delictivas. Al hostigamiento planificado desde el Estado mediante redes se suma la vigilancia policial legalizada.
La cuestión es qué se entiende por actividades delictivas. El Gobierno ha dejado en claro que busca condenar cualquier forma de organización u opiniones públicas que generen crítica u oposición, limitando aún más esta democracia restringida.
Bajo el argumento de la prevención del delito, con esta reforma, pueden hacerte una requisa sin orden judicial, incluso sin que te enteres. Esto es algo que ya viene ocurriendo, y se ha podido observar por ejemplo, en los operativos policiales como el de hoy, miércoles 18 de junio, donde la policía detuvo dos colectivos escolares que viajaban al planetario en el marco de la militarización por las movilizaciones de jubilados, trabajadores de salud y contra la proscripción de Cristina Kirchner. Es decir, se instaló ya en Argentina un régimen en el que los ciudadanos estamos vigilados en todo momento.
Por supuesto que no, el decreto viola la Constitución y los pactos internacionales de DDHH, pero eso no es algo que le importe al Gobierno. En detalles, este nuevo decreto viola el Art. 18 y 19 de la Constitución Nacional, el Art.7 del Pacto de San José de Costa Rica, el Art.8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Ahora es de público conocimiento que el gobierno considera que fue un “error” que Argentina adhiera a dichos tratados internacionales de DDHH ya que consideran necesaria una política “punitivista” similar a la de Bukele en materia de Seguridad.
Buscan que por voluntad del Poder Ejecutivo se tomen medidas que son funciones del Poder Judicial. Esta medida no solo atenta contra la democracia sino contra la República. Implica un cambio de régimen en términos de que se coartan las libertades y las garantías constitucionales.
Por ejemplo, el artículo 18 de la Constitución Nacional argentina establece una serie de garantías fundamentales relacionadas con el proceso penal y la protección de los derechos individuales. Protege a los ciudadanos contra detenciones arbitrarias, asegura el debido proceso legal, prohíbe la tortura y establece que las cárceles deben ser para seguridad y no para castigo. Mientras que el artículo 19 establece un principio fundamental de libertad individual. Garantiza que las acciones privadas de los ciudadanos, que no ofendan el orden público, la moral o los derechos de terceros, están exentas de la autoridad de los magistrados. En otras palabras, un habitante de la Nación no puede ser obligado a hacer algo que no esté mandado por la ley ni privado de lo que ella no prohíbe.
El Artículo 7 del Pacto de San José de Costa Rica, también conocido como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece el derecho a la libertad personal, garantizando que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales, y nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones establecidas en las constituciones políticas de los Estados partes o en leyes dictadas conforme a ellas. Por su parte, el Artículo 8 trata sobre las garantías judiciales, estableciendo el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones de cualquier naturaleza.
De momento, es importante poder evitar las requisas y detenciones arbitrarias del gobierno mejorando nuestras formas de comunicación. Informar es un derecho y eso no nos lo pueden quitar ni en una democracia rota y completamente limitada como esta. Sin embargo, también es nuestra responsabilidad como comunicadores y militantes mejorar nuestra formas de expresarnos sin caer en la autocensura que nos quieren imponer.
Desde Agitación, seguiremos haciendo periodismo desde la clase obrera.
