La decisión de la Corte Suprema contra Cristina Fernández tiene consecuencias institucionales tan profundas como imprevisibles. Es un fallo de clase, redactado por el capital concentrado y la AmCham que amenaza al conjunto de las clases populares, independientemente del signo político. Mientras duermen las causas por delitos de lesa humanidad, como señaló Myriam Bregman, esta resolución se dictó en tiempo récord. El ambiente se sigue tensando y las corporaciones avanzan.
En primer lugar, el fallo proscriptivo implica el cierre del ciclo democrático inaugurado en 1983 que ya venía dando señales de agotamiento en los últimos años. La descomposición del sistema institucional no nació con Macri, pero se profundizó durante su presidencia a través de una red de jueces, fiscales y servicios de inteligencia que le garantizaron su impunidad como en la causa de las escuchas ilegales de la cual fue sobreseído al asumir como presidente. Al intento de designar dos jueces de la Corte por decreto, se sumó el regreso condicionante de nuestra democracia que fue el préstamo del FMI en 2018 sin siquiera pasar por el Congreso para que, posteriormente, se fuguen la totalidad de las reservas. A los casos de violencia institucional de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel cuyas responsabilidades políticas siguen impunes, toma notoriedad la situación de Milagro Sala que continúa siendo presa política desde el gobierno de Macri hasta la fecha por más que, mucha de la dirigencia peronista, se haya olvidado de ella.
Durante el gobierno del Frente de Todos, el debilitamiento de la democracia dio otro salto cualitativo. La impotencia para fijar un límite a la empresa Vicentin fue la característica principal de esa fallida experiencia política. Fernández terminó reculando y pidiendo perdón por haber propuesto la expropiación de una empresa que es sinónimo de desfalco al Estado. Otro aspecto insoslayable es el acuerdo del FMI que convalidó la toma de deuda de Macri y Caputo. Este hecho marcó la dependencia del gobierno de Fernández al organismo multilateral, su imposibilidad de enfrentarlo y repudiar la deuda ilegítima. Además, la inflación incontrolable de ese período tuvo la finalidad de disciplinar y desarticular a las bases sociales. Esta serie de incapacidades y defecciones tuvo su punto más alto con el intento de magnicidio a Cristina.
El poder siempre toma nota de las debilidades del campo popular. Vieron terreno fértil para construir una agenda de clase cada vez más radicalizada que contenga sus reivindicaciones históricas más gorilas y para correr el límite de lo posible en términos económicos y políticos. Así surgió el proyecto del capital concentrado para gobernar a través de un personaje sin nada que perder: Milei.
La etapa inaugurada con la proscripción de Cristina es inédita si se hace el corte histórico en 1983. No obstante, debe ser enmarcada en la larga trayectoria de nuestras clases dominantes de persecución y deriva autoritaria que hunden sus raíces en La Semana Trágica, en el golpe a Irigoyen y en el derrocamiento de Perón. Nunca vino nada bueno para las mayorías populares cuando las libertades democráticas son objeto de cuestionamiento por parte del poder.
El fallo se incrusta en un clima político que ya venía espeso. El gobierno debutó con un protocolo “antipiquetes” que, en realidad, busca ponerles fin a las movilizaciones sociales porque ya no se puede marchar ni en la vereda sin que las fuerzas del régimen repriman. A esto le sumó un componente de salvajismo policial como ocurrió en la Ley Bases y sucede todos los miércoles en el Congreso con los jubilados que tuvo como consecuencia el ataque a Pablo Grillo. Asimismo, desde su llegada, el gobierno llevó a cabo una persecución judicial feroz contra las organizaciones sociales y piqueteras como el Polo Obrero y el FOL, entre otras. A su vez, se incrementa el espionaje ilegal contra la ciudadanía en general y contra todos aquellos sectores sociales que son opositores al gobierno, tal como lo revela este informe de Revista Crisis.
En este contexto, esta decisión de la Corte tiene una gravedad que trasciende a la mismísima Cristina que parece entenderlo también. Viene a delinear un marco institucional, político y electoral que le dé continuidad al DNU 70/23 que es el programa de saqueo y transferencia de ingresos de la clase trabajadora en favor de los más ricos.
El modelo económico libertario comienza a agotarse, pero la institucionalidad basada en la represión sistemática, causas judiciales a comedores comunitarios e integrantes de organizaciones sociales, proscripción y detenciones ilegales vino para quedarse por un tiempo. La apuesta del capital es que, si el gobierno de Milei termina, sea reemplazado cual fusible por otra versión quizás más amigable en sus formas, pero para que nada cambie. Hay un deseo evidente del poder económico y de EEUU de moldear un oficialismo y una oposición a su gusto, de perpetuar este despojo y que la calle sea una paz de cementerios, a costa de palos y gases.
En consecuencia, la deriva autoritaria es de la clase que dirige este proyecto de expoliación y seguirá profundizándose, puesto que saben que, sin represión y proscripciones, este modelo no aguanta. Mientras todo esto ocurre, Milei prefiere viajar por el mundo, recibir premios inventados, pelearse con Greta Thunberg y asistir a conferencias marginales. La pregunta sobre quién está al mando del gobierno se contesta sola. Milei funge como Virrey en una democracia digitada desde afuera y condicionada por el lastre de la deuda con el FMI.
La pregunta que nos hacemos es ¿y ahora qué? Por empezar, si seguimos haciendo lo mismo, no esperemos resultados diferentes. La etapa de la rosca y del internismo deben terminar porque la historia nos está por pasar por arriba con una derrota categórica. No se puede continuar viendo al de al lado como un enemigo ya ni siquiera por una cuestión programática sino por una disputa de cargos. Hay que dejar de creer que los cambios se producen desde los palacios con estrategias electorales que nadie entiende, como si la política fuese todo el tiempo un juego de especulación en el cual se pierde el objetivo de por qué uno forma parte de un espacio político. En este sentido, hay que dejar de pensar en “acumular” en aras de tal o cual dirigente porque de este atolladero no salimos con una jugada maestra de nadie. Tampoco es la época de “ordenarse”, de seguir siendo soldaditos de algo que ya no funciona y que ni tiene un horizonte de emancipación. En suma, la salida no será por arriba ni siguiendo lógicas jerárquicas, sino todo lo contrario.
Llegó el tiempo de admitir que el período iniciado en 1983 quedó cerrado luego del fallo contra Cristina. Por más que asuste, hay que aceptarlo y pensar nuevas formas de militancia para la nueva etapa que se abre con proscripción, represión, escasas libertades democráticas y un reseteo económico y social brutal. Estas nuevas formas deben enlazarse con el espíritu de transformación radical de los 30 mil desaparecidos. Se trata de dejar de ser víctimas, recuperar una tradición revolucionaria que se perdió con la derrota de 1976 y de poder traducirla con los desafíos y formas de este tiempo. Habrá que recordar también una lección que se olvidó: si el poder económico avanza es porque perdió el miedo. No retrocedió cuando el pueblo fue a las urnas; lo hizo cuando hubo rebeliones y ciclos de lucha social.
Por todo ello, se necesita pensar colectivamente formas creativas de articular todas las luchas de los jubilados, los trabajadores de la educación y la salud, las comunidades originarias que sufren desalojos, poblaciones que defienden su medio ambiente del extractivismo y los nuevos descartados de este agotado sistema capitalista. Todo esto tiene un hilo conductor que son los dueños de este país y su impunidad que se consagra a través de sus jueces. El malestar social irá en aumento y, por tal motivo, antes que “representar”, primero hay que escuchar a los que sufren, estar presentes en cada reclamo, politizar la bronca que surja para luego direccionarla contra los verdaderos causantes de nuestra miseria. A ésos hay que ponerles nombre y apellido.
La etapa del diálogo con el poder económico se terminó básicamente porque son ellos quienes lo decidieron. El capital concentrado nos dejó encerrados en una democracia que ya es una farsa con sus instituciones descompuestas y ahora con fallos proscriptivos de la voluntad popular. Cambiaron las reglas del juego y nada podemos esperar de esta institucionalidad porque esta vez no van a entregar el poder político tan fácil. No “hay 2027” para las clases populares sin pelear decididamente antes.
Si hay algo que tenemos que “acumular” es fuerza social para desatarla con toda la intensidad que requiere la hora. Se trata de asumir al enemigo y estar a la altura de lo que tenemos en frente.
