El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal contra César Arakaki, militante del Partido Obrero, responde a la criminalización de la protesta por parte del poder político en Argentina. En un contexto político marcado por movilizaciones masivas contra la reforma previsional del gobierno de Mauricio Macri en 2017, la condena de 3 años de prisión efectiva se percibe como un intento de establecer un precedente punitivo contra las expresiones populares de descontento.
La Sala 1 de Casación redujo la condena inicial de 3 años y 4 meses a 3 años de prisión, al declarar prescripto el delito de “atentado contra la autoridad”. En un fallo dividido, los jueces resolvieron que la pena sea de cumplimiento efectivo, lo que implica prisión. El juez Carlos Mahiques quedó en minoría al defender la ejecución condicional.
Uno de los jueces, Diego Barroetaveña, justificó la prisión efectiva al sostener que la movilización donde participó Arakaki impactó negativamente en la “regular marcha del gobierno”. La supuesta víctima, el policía Escobar, retiró su acusación y negó haber sido lesionado por Arakaki, un hecho que pone en duda la base probatoria de la condena.
Delito de “intimidación pública”: Este cargo se considera especialmente forzado, ya que no se presentó evidencia de que las acciones de Arakaki generaran miedo o afectaran la tranquilidad pública en un contexto de protestas masivas.
El Partido Obrero denunció que la condena tiene un carácter “enteramente político”, con el objetivo de estigmatizar la protesta social, vinculando manifestaciones legítimas con delitos graves como “intimidación pública”. Además denuncian que buscan sentar un precedente represivo, desalentando futuras movilizaciones mediante la amenaza de penas ejemplares.
El comunicado del partido también señala que la represión de las protestas contra la reforma previsional fue el verdadero factor que perturbó la tranquilidad pública, no las acciones de los manifestantes.
La causa atravesó ocho años de tramitación, incluyendo apelaciones y decisiones contradictorias, lo que subraya las arbitrariedades del sistema judicial en este caso. La persistencia de esta causa, tanto bajo los gobiernos de Macri como de los Fernández, revela su utilidad para frenar la organización popular. Con Javier Milei en el poder, el avance hacia una condena ejemplificadora parece alinearse con una agenda de criminalización de la protesta social.
El fallo contra Arakaki no solo afecta a un militante, sino que también tiene repercusiones más amplias. Apunta contra el movimiento obrero y popular. lo que busca disuadir a sectores organizados que cuestionen políticas de ajuste económico.
Además, se busca crear precedente judicial, sentando jurisprudencia que avale penas severas para quienes participen en manifestaciones.
La defensa de Arakaki apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia, mientras el movimiento popular y organizaciones sociales han manifestado su rechazo a lo que consideran una condena injusta. Se anticipan movilizaciones y acciones de solidaridad en defensa del derecho a la protesta.
El caso de César Arakaki ejemplifica las tensiones entre la protesta social y el aparato judicial en Argentina. La condena efectiva no solo cuestiona la legitimidad de las movilizaciones contra el ajuste, sino que también abre interrogantes sobre el uso del sistema judicial como herramienta para limitar las expresiones de descontento popular. En un contexto político polarizado, este fallo podría convertirse en un punto de inflexión para las luchas sociales en el país.
