Miles de personas volvieron a las calles de Lisboa y Oporto contra la crisis habitacional y el proyecto de reforma del alquiler impulsado por el Gobierno de Luís Montenegro. Tras las marchas, la Policía desalojó los campamentos instalados en ambas ciudades y detuvo a 13 personas.
Durante el sábado 31 de octubre, miles de personas participaron de las movilizaciones convocadas por organizaciones y colectivos por el derecho a la vivienda. En Lisboa, la marcha llegó hasta la plaza del Rossio, mientras que en Oporto la concentración terminó en la plaza D. João I.
Tras las manifestaciones, los participantes decidieron instalar campamentos para continuar la protesta durante la noche. La consigna fue clara: “No tenemos casas, quedan las tiendas”, en rechazo a una reforma impulsada por el Gobierno que, según sus detractores, facilitaría determinados desalojos y eliminaría los límites aplicados a los nuevos contratos de alquiler.
El proyecto ya superó una primera votación parlamentaria. Montenegro rechazó retirarlo, aunque manifestó su disposición a aceptar modificaciones antes de la votación definitiva. Los movimientos por la vivienda reclaman, en cambio, que la iniciativa sea retirada y exigen un aumento de la vivienda pública, la recuperación de inmuebles vacíos y protección frente a los desalojos sin una alternativa habitacional.
Portugal atraviesa una fuerte crisis de acceso a la vivienda. Desde 2017, los precios de las viviendas se más que duplicaron y los alquileres de los nuevos contratos prácticamente se duplicaron, mientras los ingresos no acompañaron el mismo ritmo de crecimiento.
La situación afecta especialmente a trabajadores jóvenes y hogares de menores ingresos, particularmente en Lisboa y Oporto. Las organizaciones movilizadas también cuestionan la creciente presencia de fondos inmobiliarios y reclaman que la vivienda sea tratada como un derecho y no únicamente como un activo de inversión.
Durante la madrugada del domingo, alrededor de las 4:30, efectivos de la Policía de Seguridad Pública (PSP) intervinieron para desmontar los campamentos del Rossio y de la plaza D. João I. La operación incluyó agentes antidisturbios y perros policiales. La fuerza informó que 13 personas fueron detenidas: seis en Lisboa y siete en Oporto, luego de que se negaran a abandonar los espacios. También reportó 13 agentes heridos, ocho de ellos trasladados a hospitales.
La organización Acampada Lisboa denunció una cifra superior a los 30 manifestantes heridos, diez de los cuales habrían requerido hospitalización. La Policía, por su parte, sostuvo que algunos manifestantes arrojaron botellas y pintura contra los efectivos y defendió la intervención como una respuesta a la ocupación no autorizada del espacio público.
La jornada del domingo continuó con nuevas concentraciones en Lisboa. La intervención policial también abrió un nuevo frente político: el presidente portugués, António José Seguro, pidió explicaciones sobre los operativos, mientras organizaciones y sectores de la oposición cuestionaron el uso de la fuerza.
La disputa por la vivienda vuelve así al centro de la agenda portuguesa: alquileres en aumento, precios inaccesibles y desalojos enfrentan a miles de personas con un mercado habitacional que los movimientos sociales consideran cada vez más difícil de sostener.
