La crisis habitacional volvió a ocupar el centro de la agenda social española. Durante los últimos días, organizaciones de inquilinos y plataformas por el derecho a la vivienda protagonizaron manifestaciones, cortes de calles, concentraciones y acampadas en distintas ciudades del país tras el injusto desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años.

El epicentro de las protestas fue Madrid, donde miles de personas marcharon el sábado 26 de septiembre bajo la consigna “Ni una Maricarmen más”, en referencia al desahucio de la mencionada mujer de 87 años que había vivido durante más de siete décadas en su vivienda. Según la Delegación del Gobierno, se contabilizó a unas 25.000 personas, mientras que los organizadores estimaron más de 300.000.

La movilización no quedó limitada a Madrid. El lunes 28 de septiembre hubo protestas simultáneas en 23 ciudades, convocadas por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas bajo el lema “Tomamos las plazas”. Entre ellas se destacaron las movilizaciones en Barcelona, Málaga, Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, Palma, Zaragoza, Coruña. Según las organizaciones, hoy cerca de un millar de personas volvió a movilizarse exigiendo la incorporación de viviendas públicas al mercado y la limitación de los precios de los alquileres.

Este martes, el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez aprobó dos decretos relacionados con la vivienda, que incluyen mecanismos para prorrogar contratos, congelar determinadas rentas y ampliar la protección frente a los desahucios de personas vulnerables. También se contemplan medidas sobre los alquileres de temporada y por habitaciones.

El Ejecutivo anunció además medidas fiscales y regulatorias dirigidas a grandes propietarios y al mercado de viviendas turísticas. Sin embargo, las organizaciones de inquilinos sostienen que las medidas anunciadas no alcanzan para resolver el problema de fondo y reclaman transformaciones más profundas en el mercado de alquiler.

La vivienda se convirtió así en uno de los principales puntos de conflicto social en España. Mientras crece la dificultad para acceder a un alquiler y aumentan los desalojos, como el de Maricarmen, las calles vuelven a llenarse de manifestantes. Los acampes en la Puerta del Sol, que recuerdan al 15-M, nos dan un mensaje a los argentinos y a todos aquellos que sufrimos las políticas del lobby: el derecho a la vivienda debe estar garantizado para todos.

Las movilizaciones muestran que el problema ya no se limita a casos individuales. En España, el acceso a un techo se transformó en una demanda colectiva que atraviesa distintas ciudades y sectores sociales. ¿Quién para replicar las manifestaciones en Argentina?