Por: José Carstensen, Roberto Ventura y César Medina
En los años setenta, Washington no necesitaba excusas sofisticadas. Bastaba con agitar el fantasma del comunismo para que las agencias de inteligencia estadounidenses coordinaran golpes de Estado, desapariciones y torturas a lo largo y ancho del continente. El Plan Cóndor fue la arquitectura de ese terror, seis dictaduras del Cono Sur, financiadas y articuladas por la CIA, operando como un sistema transnacional de exterminio político. Décadas después, el manual fue sofisticado en su forma pero no en su fondo. Hoy, en 2026, el imperialismo yanki no necesita tanto de juntas militares. Tiene algo más efectivo, el derecho penal, los acuerdos de inteligencia bilaterales, la amenaza de intervención militar y, sobre todo, la arquitectura del miedo.
El 20 de mayo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al expresidente cubano Raúl Castro de asesinato, en el mayor escalamiento de presión de Washington contra el gobierno de La Habana. El pretexto fue el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996. La acusación, según analistas y exdiplomáticos, le da a EUA el pretexto necesario para una operación de captura similar al raid en Venezuela que depuso a Nicolás Maduro. Nadie en Washington se molesta en disimularlo. El mismo día del anuncio, el Secretario de Estado Marco Rubio se dirigió directamente al pueblo cubano en un video en español, diciéndoles que “lo único que se interpone entre ustedes y un futuro mejor son quienes controlan su país”, mientras el Nimitz Carrier Strike Group se posicionaba en el Caribe. Esto es intimidación con portaaviones en su punto más descarado.
El patrón es el mismo que ya vimos consumado en Venezuela a principios de año. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos secuestró al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en una operación militar invadiendo al país desde Caracas, en lo que el presidente Trump describió como una operación coordinada “por aire, tierra y mar”. Más de 150 aeronaves militares estadounidenses participaron en la operación, incluyendo cazas y bombarderos furtivos. Trump anunció sin pudor que Estados Unidos “va a administrar el país” hasta que haya una transición que él considere adecuada, y vaya que lo ha hecho. El gobierno actual no tuvo problema en entregar a Alex Saab, excolaborador de confianza del gobierno de Maduro, al gobierno de Estados Unidos esta semana sin necesidad de depurar a todo el Poder Ejecutivo o la Militar Venezolana. El Cóndor ya no necesita de sus generales gringos en tierra cuando cuenta con su propio ejército local. La judicialización ilegal de Maduro o Alex Saab por narcoterrorismo había sido el guión mientras que la invasión fue la ejecución. Lo mismo se prepara para Cuba, primero el papel, después los bombarderos.
Bolivia ilustra otra variante del mismo manual. No la intervención directa, sino el paraguas imperial sobre gobiernos afines. El secretario de Estado Marco Rubio declaró que Estados Unidos no tolerará ningún intento de golpe contra el gobierno de Rodrigo Paz, afirmando que Washington “apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia” y que no permitirá “que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente”. La caracterización es reveladora. Los mineros, campesinos indígenas y los Ponchos Rojos que llevan semanas bloqueando carreteras exigiendo la renuncia de Paz por la crisis de combustibles y el ajuste neoliberal son reducidos, en boca de Rubio, a “criminales y narcotraficantes”. Evo Morales denunció que en Bolivia está en marcha el Plan Cóndor 2026, dirigido por Trump y ejecutado por los presidentes derechistas de la región, con la participación activa del gobierno argentino de Milei. Y el riesgo para Morales es material. El propio expresidente denunció haber recibido información confirmada sobre un operativo conjunto del gobierno boliviano y la DEA para detenerlo, en medio del temor generalizado de sus bases de que sea arrestado y extraditado bajo cargos de narcotráfico o terrorismo, el mismo libreto que se usó con Maduro.
Colombia es el siguiente laboratorio. El senador republicano Bernie Moreno, de origen colombiano, advirtió desde Washington que Estados Unidos podría no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 31 de mayo si “se comprueban irregularidades por intimidación de votantes”, y no descartó una intervención militar si Colombia “toma el camino equivocado”. Moreno confirmó además que viajará a Colombia como observador internacional, en una gira que incluye también Honduras, Ecuador y Bolivia, la ruta completa del Escudo de las Américas. El contexto no es casual. El gobierno saliente de Gustavo Petro y el candidato favorito a sucederlo, Iván Cepeda, pertenecen a la misma corriente de izquierda progresista, y Washington lo sabe perfectamente. El mensaje de fondo es transparente. Si la izquierda gana limpiamente, Washington tendrá listo el cuestionamiento. Si la derecha pierde, habrá “irregularidades”. En 2025, Moreno fue fotografiado en una reunión de alto perfil sosteniendo una carpeta con imágenes de Nicolás Maduro y Gustavo Petro vestidos como prisioneros en Estados Unidos. Es descaradamente la agenda abierta al público.
Y si alguien creía que el aparato de inteligencia opera únicamente en las repúblicas del sur, México tiene su propia escena. El 19 de abril de 2026, un accidente automovilístico en la sierra de Chihuahua dejó al descubierto lo que el gobierno federal no sabía o, peor aún, lo que algunos preferían que no se supiera: dos agentes de la CIA murieron junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y su escolta, cuando regresaban de un operativo conjunto para desmantelar uno supuesto narco laboratorios de metanfetaminas del país. El escándalo reveló algo más profundo que un operativo fallido. Una investigación de Drop Site News confirmó que el gobierno de Chihuahua, encabezado por la gobernadora del partido conservador panista Maru Campos, mantiene una colaboración operativa directa con la CIA articulada en torno a la Torre Centinela en Ciudad Juárez, un edificio de 18 pisos con 150 trabajadores de inteligencia cuyo piso 18 estaba destinado exclusivamente a funcionarios estadounidenses, coordinando una red de más de 8,700 cámaras de vigilancia, drones, lectores de matrículas y software de reconocimiento facial. El proyecto se perfila como un “minipentágono” en suelo mexicano, con presencia prevista del FBI, la DEA y la CBP. La Fiscalía General de la República abrió dos líneas de investigación, citó a 50 implicados y la presidenta Sheinbaum declaró que la operación se realizó sin conocimiento del gobierno federal, violando la Constitución. El fiscal estatal César Jáuregui renunció tras admitir inconsistencias en su versión de los hechos. Campos, por su parte, primero negó saber algo, luego reconoció la presencia de agentes estadounidenses en operativos estatales, y cuando el Senado la citó a comparecer se negó, argumentando que no podía comprometer “información de carácter clasificada”. La pregunta es obvia. ¿Clasificada para quién? ¿Para México o para el Embajador Langley?
Todo esto ocurre bajo el paraguas de lo que Trump denominó el Escudo de las Américas, una doctrina que reactualiza la Doctrina Monroe del siglo XIX con tecnología del siglo XXI. Pero el escudo no protege a los pueblos. Protege a los gobiernos que abren sus territorios al capital transnacional y a las agencias de inteligencia extranjeras. Honduras es el caso más explícito. Trump perdonó al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por tráfico de cocaína, en simultáneo con el ascenso al poder de Nasry Asfura. El mismo Palantir de Peter Thiel que construyó ImmigrationOS para deportar centroamericanos financia las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico en suelo hondureño, enclaves privatizados donde los inversores redactan sus propias leyes, fijan sus propios impuestos y operan con autonomía total frente al gobierno hondureño. Desestabilizar el país, lucrar con el desplazamiento, y luego adquirir el territorio que los desplazados dejaron. El narcodictatorship era el precio de entrada; la “freedom city” es la ganancia. Preguntémonos si Ecuador es un caso distinto con Bukele con sus prisiones de deportación y violación de derechos humanos.
El Cóndor de los setenta necesitaba cables entre Pinochet, Videla y Stroessner. El de hoy necesita cargos del Departamento de “Justicia” gringo (DOJ), acuerdos de inteligencia bilateral, senadores vendidos de origen latinoamericano que amenazan soberanías desde Washington, y tecnócratas libertarios que compran territorio con criptomonedas. El método cambió. La lógica no. Mientras los pueblos de Bolivia bloquean carreteras, México marcha contra la intervención extranjera, Cuba aguarda con portaaviones en su horizonte y Colombia vota con la mirada puesta en si Washington reconocerá o no su decisión, la pregunta que planteamos hace unos meses sigue sin respuesta. ¿Existe voluntad colectiva para construir un orden propio? O seguiremos discutiendo los términos de nuestra subordinación mientras el Cóndor ya voló…
