Desde los primeros anuncios en febrero de 2024 por parte del vocero Manuel Adorni, hasta la publicación del decreto en agosto, el cierre se ejecutó como parte de un plan sistemático de vaciamiento institucional. Para el neoliberalismo lo que proteja al ser humano es enemigo para su idea de “libertad”.

De la desinformación al vaciamiento

Desde el gobierno de Mauricio Macri en adelante, el INADI fue blanco de una ofensiva política y mediática: recortaron presupuestos, desmantelaron las delegaciones federales, paralizaron la gestión de denuncias y se multiplicaron las campañas de desprestigio en redes sociales y medios afines. Casos como el de Victoria Donda, ex titular del organismo, fueron utilizados para construir una narrativa de “kiosco militante” o “agencia de adoctrinamiento”. 

El objetivo era claro: debilitar el rol del Estado como garante de derechos y dejar en manos del mercado las violencias cotidianas.

Con Milei, el vaciamiento tomó velocidad: primero, se eliminaron las líneas de atención; después, se traspasaron las funciones al Ministerio de Justicia sin recursos ni estructura; y finalmente, se oficializó la disolución. Lo que se anunció como “achicar el Estado” fue, en realidad, silenciar la voz institucional contra la discriminación.

Una carta para la militancia

Graciela Franzen, actual secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Misiones y sobreviviente de la última dictadura militar:

Vivimos en una provincia con descendientes de numerosas razas, religiones, costumbres y culturas. Pero acá hay una costumbre muy arraigada: llamar a las personas por su título universitario y no por su nombre, como sucede en Brasil, por ejemplo. Eso ya es una forma de discriminación, porque solo una minoría logra acceder a la universidad. También se discrimina por el aspecto físico, la discapacidad, la edad, la vestimenta, la afiliación política o gremial, el barrio o la localidad donde vive cada uno.

Con la dictadura perdimos muchos de los valores que antes encontrábamos en la familia: la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la amabilidad. Nos inculcaron el no te metas, el por algo será, el sálvese quien pueda. Sembraron un individualismo que hoy se profundiza. Nos metieron miedo. Miedo a decir lo que pensamos, a sentir, a disentir, a reclamar, a organizarnos, a tener ideales comunitarios. Porque quienes lo hicieron, desaparecieron. Muchos de nosotros sufrimos secuestros, cárcel y exilio.

Ya en democracia, seguimos perdiendo derechos con las privatizaciones, el cierre de fábricas, la pérdida de trabajo. Y allí nació otro miedo: el miedo a la desocupación y a la precarización laboral.

Celebramos la creación del INADI porque sabíamos que el Estado debía volver a garantizar nuestros derechos. Lo mismo pasó con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Eran herramientas que nos devuelven la voz.

Este gobierno cerró el INADI. Hoy sufrimos la ausencia del Estado. ¿Dónde iremos a reclamar cuando nos violenten y discriminen? Si este mismo gobierno nos violenta con el hambre, la desocupación y salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

Alguien dijo: “nuestra patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas”. Y hoy estamos cerca de llegar a esas ruinas si no recuperamos al Estado. El INADI es una de esas instituciones necesarias para una vida digna, para volver a ser Nación.

Es un deber patriótico participar en la militancia. Participar como mujer, como trabajador, como estudiante, como jubilado. Porque de esta, nadie se salva solo.