Estados Unidos intensificó su ofensiva militar y naval en América Latina y el Caribe con un nuevo ataque armado en aguas internacionales del Pacífico oriental y el anuncio de un bloqueo marítimo contra buques venezolanos incluidos en el régimen de sanciones de Washington.

Este lunes, el Comando Sur de EE. UU. ejecutó un bombardeo contra tres embarcaciones civiles en aguas internacionales, a las que acusó de transportar drogas sin presentar pruebas públicas. Según la propia fuerza militar estadounidense, el ataque dejó un saldo de ocho personas asesinadas: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera. La operación fue presentada como una acción de “interdicción”, sin que se informaran intentos previos de identificación, detención o procedimientos judiciales.

El operativo se enmarca en una ofensiva militar ordenada desde septiembre, que ya provocó al menos 95 muertes en el Caribe y el Pacífico oriental, tras la decisión del entonces presidente Donald Trump de endurecer estas acciones. Gobiernos de la región, como el de Colombia, y organismos de derechos humanos cuestionaron los ataques, al advertir sobre posibles ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho internacional por el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin control judicial ni rendición de cuentas.

En paralelo, Trump anunció un bloqueo marítimo “total” contra Venezuela, dirigido específicamente a los buques incluidos en la lista de sanciones estadounidenses. El anuncio fue realizado a través de la red Truth Social, donde el mandatario acusó —sin pruebas— al país sudamericano de “robar” petróleo y otros activos a Estados Unidos, y amenazó con mantener el cerco naval hasta su supuesta devolución. Lo cierto es que quienes han robado petróleo ante los ojos del mundo han sido ellos, incautando un buque petrolero venezolano y quedándose con su petróleo. También reiteró denuncias de narcotráfico y terrorismo y volvió a calificar al gobierno venezolano como un “régimen ilegítimo”.

El bloqueo no implica un cierre completo de las aguas venezolanas, sino que alcanza a las embarcaciones sancionadas por Washington. Desde enero de 2025, esta política afecta a al menos 166 buques, principalmente vinculados al comercio de petróleo iraní, y forma parte de una estrategia más amplia destinada a reducir a cero las exportaciones energéticas de países considerados enemigos, con impacto directo sobre el comercio global y, en particular, sobre China.

Especialistas en derecho internacional advierten que tanto los ataques letales en aguas internacionales como el bloqueo naval constituyen acciones coercitivas unilaterales que refuerzan un esquema de presión militar, asfixia económica y castigo colectivo en la región, en abierta tensión con los principios de soberanía y legalidad internacional.