Ayer se pudo ver en el dato de la inflación la inestabilidad económica de este gobierno liberal: la inflación mensual fue del 3,7%, el peor número desde agosto del año pasado y un aumento del 55,9% con respecto al mes de febrero. El aumento más fuerte fue en educación —lógico por el inicio del año lectivo— y en alimentos, aunque es destacable que hay un aumento importante en rubros no estacionales, con un 3,2%. Esto se ve reflejado en la canasta básica, ya que una familia de cuatro integrantes necesita $1.100.000 para no ser pobre y $495.000 para no ser indigente.
¿Se puede atribuir meramente a una estacionalidad? ¿Era un valor esperado por los asesores del gobierno? Lo cierto es que no, pues el gobierno nacional se apegó a estimaciones que rondaban entre el 2,4% y el 2,6%, por lo que la más alta estaba 1,1 puntos porcentuales debajo del número real. Esto es un duro golpe para un gobierno cuyo único mérito es la baja de la inflación como justificación a cualquier problema social o económico que el pueblo argentino sufra. Sufrimos y sube la inflación: una estafa.
Sumado a este desastre económico, Luis Caputo logró llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el desembolso inicial de 15.000 de los 20.000 millones de dólares acordados. Esto con la condición de la liberación del dólar —cifra a todas luces pisada— mediante la eliminación del cepo cambiario a particulares para que la moneda quede «flotante» entre los $1.000 y $1.400 desde el lunes, método similar al impuesto por Mauricio Macri que terminó en la corrida cambiaria brutal del año 2018. Es importante destacar que si el dólar llegará al límite de $1.400 representaría una devaluación del 21,6% de la moneda nacional, una pérdida brutal de poder adquisitivo.
Parece que ciertos grupos económicos ya tenían conocimiento de esta medida financiera, pues solo en este mes ya se retiraron 708 millones de dólares, de los cuales 398 millones fueron retirados el día hábil previo a la eliminación del cepo. Esto representa un vaciamiento muy fuerte de las reservas además de una desconfianza enorme hacia el Gobierno en su responsabilidad de mantener la fuerza del peso argentino.
Toda esta situación económica se da en un contexto de miles de despidos que escalaron desde principio de este año. Solo en marzo fueron despedidos 2.000 empleados del Ministerio de Capital Humano, 500 de Vialidad Nacional, 300 de PAMI y el Hospital Español y 350 de ACUMAR. Si no fuera suficiente con las miles de personas que no pueden sustentar a sus familias en un contexto de aumento brutal de la canasta, el Gobierno le propuso a los cada vez más reducidos empleados estatales un aumento del 1,3%, el mismo día que se anunció la inflación mensual de 3,7%. Esto es una obvia provocación pues fue la oferta directamente posterior al paro general.
Esta situación socioeconómica cada vez peor es la clara muestra de la necesidad de un plan de lucha prolongado. No basta con dos paros generales por año, no basta con quedarse en su casa mientras la burocracia sindical obliga a los colectivos a circular y el Gobierno obliga a los docentes a asistir a salones vacíos por pura y exclusiva desmoralización.
Nos parece importante darle constancia a la movilización obrera así como lo hacen los jubilados. No se puede retroceder ni dar un paso atrás, no más esperar otro año a que la burocracia tenga un problema en su tranza con el gobierno para que recién ahí se llame a parar. Sigamos construyendo insurrección popular hasta lograr que cada uno de los responsables de esta debacle económica —tanto por acción como por omisión— pague por el daño enorme que le hicieron y siguen haciendo al pueblo trabajador.
