El ultraderechista José Antonio Kast se impuso este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas y se convertirá en el próximo mandatario del país. Con más del 58 % de los votos, derrotó a la candidata de centroizquierda Jeannette Jara, consumando lo que analistas y organismos de derechos humanos ya señalan como un retorno del pinochetismo al Palacio de La Moneda por la vía electoral.

Kast, fundador del Partido Republicano y abierto defensor del legado de Augusto Pinochet, es el primer dirigente abiertamente pinochetista que llega al Gobierno desde el fin formal de la dictadura. En el plebiscito de 1988 hizo campaña por la continuidad del régimen militar, responsable de miles de asesinatos, desapariciones y torturas.

El dirigente de extrema derecha logró imponerse en las 16 regiones del país, incluso en zonas históricamente progresistas, tras una campaña centrada en la “mano dura”, la criminalización de la migración y el fortalecimiento del aparato represivo del Estado. Su triunfo se consolidó luego de recibir el respaldo sin fisuras de la derecha tradicional y sectores aún más reaccionarios tras la primera vuelta.

La victoria de Kast representa un duro golpe para la izquierda chilena, que moderó su mensaje tanto durante el gobierno de Boric como durante la campaña de Jara. Se trata de una derrota política para el gobierno saliente, pero más aún para los obreros que en octubre de 2019 se levantaron exigiendo un cambio y fueron traicionados. Boric nunca logró articular una respuesta obrera capaz de frenar el avance reaccionario, ni siquiera estuvo entre sus intenciones desafiar al poder burgués, ni mucho menos movilizar masivamente a su base social. Un gobierno progresista, con sus aciertos y errores, olvidó lo que le llevó al poder: la clase obrera organizada contra el capital.

Kast ya fue felicitado por referentes de la ultraderecha internacional como Javier Milei y Santiago Abascal (Vox). Entre sus propuestas figuran la expulsión masiva de migrantes, el endurecimiento penal, cárceles de máxima seguridad y un ajuste fiscal millonario que amenaza con nuevos recortes sociales.

A partir del 11 de marzo, Chile ingresará en una etapa marcada por la tensión social y política, con un Congreso sin mayorías claras y amplios sectores populares en alerta frente a un proyecto que promete retrocesos en derechos humanos, libertades democráticas y conquistas sociales.