El gobierno aprobó su ley en el Congreso, pero debió retirar dos artículos clave: además del límite a la extranjerización, no pudo modificar la ley de manejo de fuego. Entre balas, gases, heridos y detenidos, afuera, y trance político adentro, el gobierno seccionó a espaldas del pueblo. Milei ni siquiera está en Argentina; se encuentra en Colombia para asistir a la asunción de su hermano Abelardo de la Espriella.

En una sesión atravesada por la protesta popular en las inmediaciones del Congreso, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las principales iniciativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el oficialismo sufrió un revés político al verse obligado a retirar dos de los capítulos más cuestionados del proyecto para evitar una derrota parlamentaria.

La norma fue aprobada con 37 votos a favor y 33 en contra, pero el Gobierno resignó los artículos que proponían flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros y modificar la Ley de Manejo del Fuego, que habilitaba cambios de uso del suelo en áreas afectadas por incendios. Ambas propuestas habían generado un amplio rechazo de organizaciones sociales, ambientales, rurales y de distintos bloques de la oposición.

De esta manera, el proyecto que continúa su trámite legislativo mantiene otros puntos centrales del programa oficialista, entre ellos el endurecimiento de las normas sobre inmuebles, la aceleración de los procesos de desalojo “expres” contra los inquilinos y mayores limitaciones a las expropiaciones por parte del Estado. El Gobierno busca brindar mayor seguridad jurídica y fomentar los negocios privados del lobby.

La eliminación de los capítulos sobre tierras y ambiente fue interpretada como un leve retroceso del oficialismo frente a la presión social. En los días previos, el proyecto había sido cuestionado tanto por organizaciones como por importantes figuras públicas y futbolistas de la selección nacional. Es que la iniciativa abre la puerta a una mayor extranjerización del territorio y debilitaba herramientas de protección ambiental.

Nosotros no podemos hacer como otros sectores de la oposición que lo consideran una victoria parcial. Con el apartado contra “la ocupación”, si un inquilino tiene una deuda sobre el ambiente que está pagando, el propietario tiene la obligación de presentarle un plazo de diez días para cancelarla. De no hacerla, al cabo de cumplido este plazo, será desalojado. Este apartado que recibió media sanción en el Senado debe caer.

Otro punto clave que pasó y debe caer es la modificación de la ley sobre expropiaciones, que busca limitar el alcance de futuras intervenciones estatales. Para el oficialismo, la medida fortalecerá a los propietarios y les brindará derecho a concentrar mayor propiedad. Esto podría dificultar la ejecución de obras públicas como rutas, hospitales o escuelas. Desde ya, evitaría empresas recuperadas como Zanon o Madygraf.

Pasando en limpio, el proyecto quedó compuesto por lo que fuera el Capítulo I, referido a la expropiación y regularización dominial, el Capítulo II, dedicado a los procesos de desalojo, y el Capítulo V, sobre el registro de la propiedad inmueble. Está claro que todos representan un golpe demasiado regresivo para la clase obrera y la soberanía nacional. Tenemos que salir a tirar todo el proyecto y no conformarnos con pequeñitas victorias.