Desde el golpe a Perón en 1955, la Argentina atravesó una oleada de luchas populares en el contexto de la proscripción del peronismo y de un continente en ebullición, producto del ejemplo de la Revolución Cubana. No es objeto del artículo realizar una enumeración exhaustiva de las luchas que se llevaron adelante hasta el golpe de 1976, pero mencionaremos algunas de ellas para ilustrar el clima de ascenso que tuvo la clase obrera en la conquista del poder.
La toma del frigorífico Lisandro de la Torre en 1959 se dio luego de que el gobierno de Frondizi pretendió privatizar el frigorífico y adjudicarlo a la Corporación Argentina de Productores de Carne, ente directamente ligado a los intereses comerciales de EE.UU. La reacción fue espontánea y, en una masiva asamblea de más de ocho mil obreros, apoyada por los vecinos del barrio de Mataderos, se votó por unanimidad la toma del frigorífico y un paro por tiempo indeterminado hasta revertir las consecuencias de la privatización. Pese al violento desalojo, en el marco del Plan Conintes, se trató de una de las primeras gestas que irían marcando el camino de los próximos años. Asimismo, significó un punto de encuentro entre las bases del peronismo combativo y fuerzas de izquierda marxista que lucharon mancomunadamente durante esos días. Comenzaba una etapa de radicalización del campo popular, de unidad en las luchas y de desborde de las dirigencias partidarias.
Al calor de las revueltas que ya estaban irrumpiendo a finales de la década del 50, también empezaron a elaborarse desde abajo programas políticos con un horizonte de transformación absolutamente audaz como los de Huerta Grande en 1957 y la Falda en 1962. Éste último tenía un enfoque de clase que iba desde la expropiación de la oligarquía terrateniente sin indemnización hasta el control obrero sobre la producción. Dichos programas fueron la traducción política de toda la conflictividad social que no paraba de aumentar y de una ofensiva popular que iba in crescendo.
Uno de los puntos más altos de la lucha se dio en 1964 con el plan combativo de la nueva conducción de la CGT, integrada por las 62 Organizaciones y gremios independientes. El plan implicaba varias etapas en la confrontación contra el régimen y se combinaron paros, movilizaciones y, como punto culminante, la toma masiva de fábricas y centros logísticos. Entre mayo y junio de ese año, se logró la toma de 11.000 fábricas.
El Cordobazo, por su parte, encuentra su antecedente en los documentos discutidos en esa misma provincia entre 1962 y 1968. La radicalidad de las propuestas iba a la par de métodos de lucha acordes con el desafío planteado y con la consecuente represión. El Barrio Clínicas fue el epicentro de la insurrección popular que unió el sector obrero y el estudiantil contra la dictadura de Onganía.
La proscripción del peronismo no se rompió por arriba ni por acuerdo de cúpulas o rosca de dirigentes y burócratas. Ese orden represivo se quebró gracias a las puebladas, acciones de los sindicatos de base y la lucha revolucionaria de las organizaciones que, a principios de los 70, enfrentaron al sistema: FAR, FAP, Montoneros y ERP.
Desde el peronismo combativo hasta la izquierda guevarista, el horizonte era tirar abajo el sistema capitalista y construir el socialismo que podía ser de diversas características, pero había una coincidencia entre los distintos sectores: el cambio debía ser de raíz y no había lugar para medias tintas. Por eso, se trató de una época de grandes reivindicaciones obreras y de conquistas sociales y salariales. Las cesiones que el capital hizo eran producto del temor y no de su benevolencia.
El golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976 fue la contraofensiva del capital concentrado junto con el apoyo ideológico y logístico de Estados Unidos, en el auge del denominado Plan Cóndor. A esa fecha no se llega de casualidad sino a través de una concatenación planificada de eventos que fueron debilitando al campo popular. Se pueden mencionar las acciones criminales de la Triple A, el mal llamado “Operativo Independencia” en Tucumán—laboratorio del terrorismo de Estado— y el Rodrigazo en 1975 como política de shock que incluyó una devaluación mayor al 100% y una inflación del 335% en ese mismo año.
Hacia finales de 1975, se fundó la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege), que agrupaba a la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de la Construcción, la Unión Comercial Argentina, entre otras cámaras empresariales. El 16 de febrero de 1976, Apege convocó a un lock out patronal reclamando una serie de medidas económicas en beneficio de sus propios intereses.
Ante este escenario y, con un poder económico fortalecido después del Rodrigazo, el capital pudo dar el zarpazo, usurpar el Estado y cortar de raíz el ciclo revolucionario. Para ello, necesitó la complicidad del poder militar que fue la cara visible del genocidio, con el objeto de imponer un nuevo orden económico y social.
El caso de Martínez de Hoz es representativo del poder patronal. Antes de convertirse en Ministro de Economía de la dictadura, había formado parte de Apege en su carácter de presidente de Acindar. A los pocos días del golpe, presentó su “Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina” que redujo 40 % los salarios reales en relación con el nivel promedio del quinquenio previo, eliminó retenciones a la exportación de productos agropecuarios; disminuyó drásticamente los aranceles de importación y reprivatizó empresas que se encontraban bajo control estatal.
Si bien se suele pensar a la dictadura cívico militar como un proceso de desindustrialización del país, en realidad, se trató de una reestructuración capitalista que consiguió acumular capital y transferir ingresos desde las mayorías populares hacia los sectores del poder económico. Las distintas facciones del capital coincidieron en la necesidad de disciplinar a la clase trabajadora. La burguesía industrial, nucleada en la UIA, pese a la apertura de importaciones, apoyó el plan de Martínez de Hoz debido a que la prioridad era bajar significativamente la conflictividad en las fábricas. Las huelgas, las tomas y los métodos de lucha de sindicatos combativos fueron la nota característica de la etapa previa.
De esta forma, no hubo grieta entre los dueños históricos del país. Pese a que sus intereses podían colisionar entre sí y la dictadura privilegiaba al capital financiero por sobre otros sectores, había un consenso entre las clases dominantes: la Argentina contenciosa y rebelde tenía que quedar en el pasado. Por tal motivo, el 66% de los treinta mil desaparecidos fueron trabajadores activistas y delegados sindicales. Con la complicidad de los empresarios, los militares barrieron con comisiones internas en empresas como Molinos Río de la Plata, Ford, Mercedes Benz, Lozadur y Talleres Electrometalúrgicos Norte SA (TENSA).
La dictadura cívico militar culminó en 1983 en lo económico con un país endeudado, con incremento de la pobreza y desocupación; mientras que, en lo político y social, con una sociedad atemorizada y un repliegue total de la clase trabajadora.
El retorno de la democracia formal con la llegada del gobierno de Alfonsín se dio como resultado de un proceso de agotamiento de la dictadura cívico militar, luego del fin de la “plata dulce” y la guerra de Malvinas. Específicamente, la transición democrática se dio en los términos que quiso el poder, una vez que los proyectos revolucionarios fueron derrotados. En ese sentido, a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, como al resto de los organismos de derechos humanos, les debemos la lucha inclaudicable por la memoria, verdad y justicia, pero la democracia en sí no fue conquistada, sino cedida por los grupos económicos.
El menemismo, como expresión neoliberal del peronismo de los 90, fue un claro ejemplo de esa derrota. Si bien puede enmarcarse al gobierno de Menem en el contexto del derrumbe de la URSS y la emergencia de EEUU como única potencia global, sin el aniquilamiento del peronismo combativo de los 70, no hubiese sido posible la entrega del patrimonio nacional que se hizo en nombre de sus banderas históricas. El propio Martínez de Hoz, en 1995, sostuvo que hizo falta un gobierno constitucional para poder hacer lo que la dictadura empezó y no pudo terminar porque no tenían la legitimidad que tienen los gobiernos constitucionales.
Sin embargo, ese consenso post dictadura en lo económico y también en lo político, con la impunidad de sus protagonistas militares, se resquebrajó con la rebelión popular de 2001 cuyas consignas “basta de ajuste y represión” retumbaron en una institucionalidad que seguía tomada. La lucha callejera de finales de los 90, la irrupción de los movimientos sociales y los piquetes como forma novedosa de protesta pusieron en pausa el modelo neoliberal durante casi 20 años. De esta forma, las jornadas del 19 y 20 de diciembre alcanzaron para fijar un límite al poder económico e impugnar el modelo neoliberal, pero no para reconfigurar una nueva sociedad. Ese proceso de protagonismo social se agotó rápidamente porque carecía de un proyecto de poder y fuerza para conquistarlo.
En este aspecto, el kirchnerismo mejoró las condiciones de vida de la población, sus ingresos, amplió y reconoció derechos, pero no produjo cambios estructurales en las relaciones de poder con el capital ni discutió propiedad como sí ocurrió durante la década del 70, en la cual el horizonte era una sociedad no capitalista. Si bien en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no había una perspectiva de cambios radicales, las módicas iniciativas contra determinados grupos económicos encontraron el límite del poder judicial y del lobby patronal. Esto nos muestra que, en esta democracia encorsetada, será difícil llevar adelante con éxito cualquier cambio que afecte mínimamente las relaciones de fuerza con el capital. De hecho, la proscripción y encarcelamiento de Cristina nos demuestra cuán desiguales son esas relaciones y, a su vez, que la estructura del poder real en Argentina no solamente está intacta, sino que aumenta cada día. Por último, la llegada de Milei al gobierno nacional representa el momento más alto de ofensiva del capital. Dicha arremetida comenzó con el triunfo de Macri en 2015 y continuó durante la presidencia de Alberto Fernández.
En síntesis, hablamos de democracia de la derrota porque cada crisis deja un piso de derechos más bajo que el ciclo anterior y las expectativas de transformación son menores. Por ejemplo, luego de los doce años kirchneristas, el país no volvió a ser el que fue antes de Menem y mucho menos aquél previo a la dictadura. No se pudo o no se quiso revertir las consecuencias políticas y económicas del menemismo, ya que la mayoría de ellas quedaron cristalizadas. Luego del macrismo, el gobierno del Frente de Todos tampoco pudo modificar la estructura de país endeudado que dejó Cambiemos.
En términos generales, el mandato de “con la democracia se come, se cura y se educa” no se cumplió en todo este período. La astucia de la ultraderecha radicó en identificar la insatisfacción y adjudicarle la culpa al estado de bienestar cada día más menguante. La crítica radical a la democracia quedó en manos de ellos. El campo popular, por su parte, quedó atrapado tratando de mantener un sistema injusto, en una postura claramente defensiva mientras las clases dominantes avanzaban, corriendo el límite de lo posible. Perdieron el miedo a cualquier respuesta que podamos dar desde abajo básicamente porque piensan que no habrá ninguna o que quedará circunscripta al plano de la institucionalidad.
Nos parece oportuno empezar preguntándonos lo siguiente: ¿cómo salir de la etapa actual de repliegue que ya tiene cincuenta años? Hay que recuperar algo que la dictadura nos arrebató: el deseo de hacer la revolución. Se trata de militar el anhelo de un cambio radical de las condiciones de vida porque no alcanza con distribuir el ingreso. La cuestión del “crecimiento con inclusión social”, en estas condiciones, es imposible porque ya vimos que el poder económico no está dispuesto a perder un ápice de sus extraordinarias riquezas.
Asimismo, se debe recuperar el concepto de la enemistad. Hay que asumir que, en la democracia, también hay enemigos que son irreconciliables. Las clases dominantes lo tienen bien claro y todas sus acciones están orientadas a acumular fuerza, horadar nuestras bases de sustentación y asestarnos una derrota que pretenden que sea definitiva. Esto se ve con claridad en la Ley de reforma laboral que retrotrae derechos de hace décadas y hasta prohíbe la huelga. Es, en efecto, una guerra abierta contra las grandes mayorías en la cual sólo un bando la está peleando.
La ausencia del deseo de transformación estructural y la imposibilidad de asumir al enemigo se ve plasmado en el horizonte que venimos trazando últimamente. Si el debate va a ser en torno a cómo gestionar el capitalismo, la ultraderecha va a ganar esa discusión y seguirá ganando tanto elecciones como sentido común en la sociedad.
En rigor, es el momento de crear nuevas formas de organización social porque las que conocimos son ineficaces para la etapa actual. Sin embargo, no se trata de comenzar de cero porque, como decía Rodolfo Walsh, hay un hilo de continuidad con las luchas históricas. Por tal motivo, es necesario tender un puente con ese pasado rebelde para pensar cómo sería hoy un proyecto y una militancia revolucionaria. La generación de jóvenes de los 70 que reivindicamos no fueron sólo víctimas; antes de serlo, fueron combatientes que quisieron tirar abajo un sistema.
Aquel viejo apotegma de John William Cooke regresa con inusitada vigencia: “Como toda organización política, estamos luchando por el poder; como toda organización revolucionaria, necesitamos todo el poder para desde allí realizar nuestro programa.” Se debe construir una alternativa que sea revolucionaria y dispute el poder en serio en este país y eso no se consigue únicamente ganando elecciones dentro de los márgenes que nos permite el sistema. Hay que salir de la coyuntura para pensar a largo plazo: se trata de sentar las bases para que, cuando llegue un gobierno popular, lo haga con la suficiente fuerza para poder aplicar un programa verdaderamente audaz que surja de la calle y llegue al palacio y no a la inversa.
Poder y revolución son dos conceptos que hoy siguen siendo actuales. Discutir el poder en Argentina es enfrentar el capitalismo, no para reformarlo, sino para destruirlo. No alcanza con impugnar un modelo de acumulación, también hay que imaginar una alternativa distinta, post capitalista en la cual el poder popular, la soberanía de nuestros territorios y la construcción de lo común estén en el centro de la planificación. Como escribe Rodrigo Nunes, en “Bolsonarismo y extrema derecha global”, para hacer política transformadora no basta con calcular las mediaciones ya que siempre es necesario calcularlas hacia arriba, tensarlas, llevarlas al límite, para abrir nuevos posibles.
Sin embargo, ninguna transformación estructural será realizable si nuestra apuesta se circunscribe meramente al ámbito electoral, palaciego e institucional, más aún cuando hoy esa vía está bloqueada. Dichas opciones restringen la imaginación porque “la administración de lo posible” no es más que una pasión triste, con un horizonte muy chato e impide la irrupción de nuevas formas de protagonismo social.
Los 30 mil compañerxs desaparecidxs nos enseñaron que es en la calle donde lograremos reconstruir la fuerza popular hoy diezmada. Habrá que agitar al máximo la conflictividad, organizarla y desatarla con la potencia que nos permita cambiar las relaciones de fuerza y producir una novedad política y social. Será el camino más largo, esquivando los atajos de la unidad a cualquier precio que sólo nos lleva a sucesivas derrotas y mayor desorganización.
