El Gobierno de Milei vacía el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Esta decisión, que implica la desvinculación de profesionales y la incertidumbre sobre la derivación de cirugías, pone en riesgo la vida de aproximadamente 7.000 bebés que nacen cada año en Argentina con patologías cardíacas.
El programa, redujo la mortalidad infantil mediante una red federal de centros de alta complejidad tratando patologías donde el diagnóstico precoz y la cirugía inmediata son la única frontera entre la vida y la muerte. Sin embargo, fue desmantelado bajo el argumento de la baja de la natalidad.
Este retroceso en la salud de las infancias se suma a una lista de recortes que refuerzan el capacitismo como política pública. La quita de medicamentos en PAMI deja a los jubilados sin tratamientos para enfermedades crónicas. La eliminación de subsidios y la liberación de precios fuerza a muchos adultos mayores a elegir entre alimentarse o medicarse.
Por su parte, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales interrumpió los suministros para pacientes terminales y oncológicos. Decenas de personas fallecieron esperando medicación que el Estado dejó de enviar bajo la premisa de auditar procesos. Son personas a quienes les quitan el derecho al tratamiento, la posibilidad de mejorar la calidad de vida, la oportunidad de la cura o de morir sin tanto dolor.
La reciente disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad mediante el DNU 942/2025 y la subejecución presupuestaria han precarizado las prestaciones y con ello los tratamientos y la vida de las personas con discapacidad. Los aumentos en los aranceles para prestadores quedan sistemáticamente por debajo de la inflación, lo que provoca el cierre de centros de día y la interrupción de terapias vitales.
Un Estado que retira el soporte vital de personas con discapacidades o enfermedades es concretamente eugenésico. Al desmantelar programas públicos de salud se garantiza la supervivencia solo de quienes pueden costear tratamientos privados. El cuidado se percibe cada vez más como un privilegio y como una responsabilidad individual de cada quien. Aquellos con vulnerabilidades quedan excluidos del derecho a la vida en un contexto en el que el imperativo de época es ser joven, capaz y productivo. Bajo esta lógica, quien no puede adaptarse merece ser descartado.
El gobierno argumenta que busca reducir el déficit fiscal y eliminar la corrupción. No obstante, cuando la “eficiencia” económica implica interrumpir un tratamiento oncológico o una cirugía pediátrica, la política deja de ser económica para volverse biopolítica: se decide, por omisión, qué vidas son financiables y cuáles representan un gasto superfluo.
Se trata de una política eugenésica de selección social en la que se uniformiza la diversidad en función de la optimización individual. Si el Estado abandona su rol de garante de la salud, el resultado es una sociedad donde la supervivencia depende de la productividad o la herencia, dejando fuera a la vejez, la infancia y la discapacidad. Es una forma de darwinismo social aplicada a la política pública.
