La docencia universitaria de todo el país comenzó la primera semana de paro de un plan de lucha que contiene medidas para todo el cuatrimestre. Exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario para recuperar el poder adquisitivo perdido desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Para contextualizar, hoy los salarios docentes deberían aumentar 50% para equiparar la situación de noviembre de 2023. Desde esa fecha, el salario real docente y no docente cayó un 34%, mientras que el gobierno propone una recomposición miserable del 12%.
Los salarios representan el 86,9% del gasto universitario; si el gobierno aplicara la Ley de Financiamiento, el presupuesto salarial incrementaría un 36,3% real respecto al 2025. Esto ubicaría el aumento en un 2,7% con respecto a 2023. Porque es importante que se cumpla con la ley, pero sabemos que este gobierno vive fuera de ella y la única herramienta que nos queda es radicalizar los planes de lucha. En este sentido llegamos a un paro de una semana, en un conflicto que traerá consecuencias sobre la cursada. En criollo, el gobierno le roba el salario a los docentes y la cursada a los universitarios.
Si bien la mayor parte del presupuesto universitario va al pago de salarios docentes y no docentes, el resto permite el funcionamiento de las universidades. Sin el cumplimiento de la ley, estas no se pueden sostener. En este sentido, Conadu prevé una marcha federal universitaria para el 23 de abril, y la posibilidad de una protesta por tiempo indeterminado si no hay avances en las negociaciones con el Gobierno nacional. Además, se prevé que los paros continúen en las siguientes del 30 de marzo al 4 de abril y del 27 de abril al 2 de mayo.
Las organizaciones universitarias de izquierda en la UBA denuncian que las autoridades, sobre todo Emiliano Yacobitti y los dirigentes radicales, están negociando una nueva Ley de Presupuesto Universitario a pedido del presidente. La actual ley la tuvimos que conquistar con enormes movilizaciones, y fue aprobada seis veces en el congreso. Si las gestiones piensan hacer tamaña traición, como ya han hecho con los planes de estudios, los universitarios debemos hacerles saber que estamos dispuestos a luchar. Aquellos centros de estudiantes que no acompañen la lucha son cómplices del gobierno y las gestiones.
