En el plano ideológico, esta reforma se inscribe en una narrativa global promovida por las élites económicas, donde la meritocracia, el individualismo y la “cultura del esfuerzo” funcionan como legitimadores de la desigualdad. No es casual que figuras como Elon Musk lleguen a plantear jornadas laborales de hasta 24 horas, mientras los grandes medios instalan la idea de que quien no progresa es simplemente porque “no se esfuerza lo suficiente”. Este gobierno es expresión directa de esa hegemonía cultural: un proyecto de restauración empresarial que concibe al trabajo como una variable de ajuste.

Los datos del propio período mileísta desmienten cualquier promesa de prosperidad. Desde diciembre de 2023 hasta comienzos de 2026, Argentina perdió entre 220.000 y 276.000 empleos registrados, con fuerte impacto en la industria, la construcción y el sector público. Miles de empresas cerraron, el trabajo informal se expandió y se perdieron en promedio más de 400 puestos formales por día, según informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Mientras tanto, el discurso oficial insiste en una supuesta reducción de la pobreza que distintos centros de investigación, como el CELAG, desmienten: cerca del 70% de la población se encuentra en situación de pobreza.

Lejos de revertir esta crisis, la reforma laboral busca profundizarla. Entre sus ejes centrales se encuentra la ampliación de la jornada laboral mediante mecanismos como el “banco de horas”, que habilita jornadas de hasta 12 horas sin pago de horas extras. En la práctica, esto implica que el empleador podrá modificar unilateralmente los horarios, exigir extensiones diarias y compensarlas con francos otorgados discrecionalmente. El resultado es la destrucción del tiempo libre, la planificación personal y la vida social, además del aumento del desgaste físico y mental.

Otro punto clave es la rebaja salarial encubierta, al permitir la eliminación de premios, adicionales y comisiones que hasta ahora integraban el salario permanente. A esto se suma la eliminación del principio de irrenunciabilidad de derechos, lo que habilita que las empresas modifiquen condiciones contractuales a la baja, incluso cuando previamente se habían pactado mejores términos.

La reforma también reduce la protección frente al despido. Se recortan indemnizaciones al excluir conceptos como aguinaldo, vacaciones y bonos, y se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes del propio salario, lo que facilita los despidos y desfinancia al sistema previsional. Incluso cuando un trabajador gana un juicio laboral, el empleador podrá pagar la indemnización en hasta 12 cuotas, licuando su valor real.

En paralelo, se restringen derechos colectivos fundamentales: se limita el derecho de huelga, se condiciona la realización de asambleas a la autorización patronal, se impone la prioridad de convenios por empresa sobre convenios nacionales y se elimina la ultraactividad, dejando a los trabajadores sin protección cuando vencen los acuerdos. También se deroga la ley de teletrabajo, eliminando derechos vinculados a la jornada, la desconexión digital y el cuidado familiar.

El denominador común de todas estas medidas es claro: más poder para el capital, menos derechos para el trabajo. Pero lo más irónico, mayor aumento de la precarización y el desempleo. No hay en toda la reforma un solo artículo orientado a mejorar la calidad del empleo, reducir la precarización o garantizar condiciones de vida dignas. Se trata, en cambio, de una reforma diseñada para debilitar la organización sindical, fragmentar la negociación colectiva y aislar al trabajador frente al empleador.

La experiencia internacional confirma el rumbo. Intentos de reformas similares en Brasil, Chile, Colombia, España o Francia fueron rechazadas masivamente dado que apuntaban a lo mismo: no generar más empleo ni desarrollo, sino mayor desigualdad, informalidad y pérdida de derechos. El objetivo real no es crear trabajo, sino abaratarlo.

Rechazar la reforma laboral es defender un principio básico: que el trabajo no es una mercancía más, sino la base material de la vida social. Frenar este proyecto implica sostener salarios, derechos, tiempo de vida y organización colectiva. En definitiva, implica defender décadas de conquistas históricas frente a una ofensiva que pretende hacer retroceder al mundo del trabajo a niveles propios del siglo XIX.

Todos a las calles el 11 de febrero. No a la reforma laboral esclavista.