El pasado jueves 31 de julio, un joven militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) del Frente de Izquierda Unidad (FITU), se encontraba repartiendo volantes en la estación de trenes de Constitución, cuando, de manera abrupta e injustificada, fue interceptado por efectivos de la Policía Federal. Sin brindar explicación alguna, los agentes lo detuvieron, privándolo de su libertad ilegalmente mientras él intentaba explicar que simplemente estaba repartiendo volantes (una actividad absolutamente legal y común en tiempos de elecciones).

Este acto de represión y persecución política fue registrado por celulares de compañeros del militante y de transeúntes que presenciaron la escena. El joven fue retenido durante más de dos horas en la comisaría de Constitución, sin que se le informara el motivo de su detención. Durante ese lapso, la Policía Federal se dedicó a retirar las pancartas y materiales de difusión del Frente de Izquierda.

Militantes y referentes del FITU se concentraron frente a la comisaría para repudiar el acto cometido por las fuerzas de seguridad. Al ser liberado, el militante brindó su testimonio: “No sabía por qué me habían detenido. Me hicieron firmar un acta y me dejaron ir.” La arbitrariedad y el abuso de poder reflejan las características de la democracia en la era Milei. 

Ninguna Libertad, Carajo

Este acto de represión no es un hecho aislado, sino una muestra alarmante de cómo se están desmantelando los derechos conquistados a lo largo de décadas de lucha popular. La “moralidad” de la que habla el gobierno se traduce, en los hechos, en persecución, vigilancia y censura. Todo esto es realidad gracias al decreto 383/2025, que según el oficialismo libertario “amplía las facultades delegadas de la Policía Federal”; esto no hace más que legalizar la represión y dar vía libre a la supresión de las voces diferentes, que plantean una alternativa más igualitaria y popular.

La ministra Patricia Bullrich no oculta su orientación represiva al declarar a la oposición como una “orga de terroristas”. No es casual. Este tipo de retórica nos remite inevitablemente a los términos que utilizaban los militares durante la última dictadura: “subversivos”, “extremistas”, “terroristas”. Cambian los nombres de los gobiernos, pero la lógica de persecución política enseña las continuidades entre dictadura y democracia.

Ser militante es un derecho, no un delito.