Una docente de General Pico, La Pampa, Ana Cecilia Contreras, ha sido condenada en un caso que ha generado preocupación en el ámbito educativo. La docente fue multada con casi un millón de pesos por el juez Maximiliano Boga Doyhenard, quien la consideró culpable de “maltrato psicológico” a un estudiante, tras una discusión en clase sobre derechos humanos y el genocidio de Israel sobre Palestina.
El incidente ocurrió a finales de 2023, cuando Contreras, en el marco de una discusión sobre derechos humanos y actos terroristas en Argentina, contextualizó el conflicto en Medio Oriente a raíz de una pregunta de un estudiante. La docente explicó el origen de Israel, el desarrollo del conflicto y la postura de la Autoridad Palestina. También mencionó la modificación de la carta de Hamas en 2017, donde se eliminaron elementos anti-judíos para centrarse en la crítica al sionismo.
Los padres del estudiante acusaron a Contreras de realizar comentarios ofensivos sobre Israel y el pueblo judío, lo cual ella niega rotundamente. Ana sostiene que sus palabras fueron manipuladas y que su intención era únicamente contextualizar el conflicto. Su abogado, Jerónimo Altamirano, cuestionó la sentencia, argumentando que no existían pruebas suficientes para condenarla.
Organizaciones de derechos humanos y el ámbito educativo han expresado su profunda preocupación por las implicaciones de este caso. Consideran que sienta un precedente peligroso para la libertad de cátedra y la discusión de temas sensibles en las aulas. Este caso no es aislado, va en línea con la criminalización a quienes se pronuncian contra el genocidio Palestino en el mundo y en nuestro país, en particular. Ana fue sometida a un proceso judicial desgastante que ha afectado su salud mental, su situación económica y su carrera profesional.
Este caso se suma a una serie de ataques contra el contenido educativo y la judicialización de intentos por informar sobre violaciones de derechos humanos, particularmente en relación con elgenocidio palestino. La condena a Ana Contreras representa un grave ataque a la libertad de expresión y al derecho de los estudiantes a recibir información completa y contextualizada para la comprensión del mundo actual.