La invasión de Estados Unidos a Granada en 1983 fue un episodio emblemático del intervencionismo imperialista en el Caribe y América Latina durante la Guerra Fría. Bajo la operación “Urgent Fury”, el gobierno de Ronald Reagan ocupó militarmente la pequeña isla caribeña apenas días después del asesinato de Maurice Bishop, primer ministro socialista y líder del Movimiento New Jewel, que había impulsado profundas reformas populares, antiimperialistas y de acercamiento a Cuba.
Maurice Bishop representaba un proyecto político soberano que cuestionaba la hegemonía estadounidense en su “patio trasero”. Su gobierno promovía la alfabetización, la ampliación de derechos sociales y una política exterior independiente, lo que fue interpretado por Washington como una “amenaza comunista”, aun cuando Granada no representaba ningún peligro militar real para EE. UU. La invasión fue justificada con argumentos falaces —la supuesta protección de estudiantes estadounidenses y la “restauración de la democracia”—, que encubrieron el verdadero objetivo: impedir la consolidación de un gobierno socialista en el Caribe y enviar un mensaje disciplinador a la región.
Este accionar se inscribe en la llamada doctrina de la seguridad nacional, un marco ideológico utilizado históricamente por Estados Unidos para legitimar invasiones, golpes de Estado y bloqueos económicos. Bajo esta doctrina, cualquier proceso político que cuestione el orden capitalista dependiente o la dominación geopolítica estadounidense se cataloga como una amenaza a la “seguridad” de EE. UU., habilitando la intervención directa o indirecta. Granada fue tratada como un “caso ejemplar”: un país pequeño, aislado y con un liderazgo socialista que debía ser neutralizado rápidamente.
La lógica aplicada en 1983 reaparece décadas después en el intento de invasión y derrocamiento del gobierno venezolano durante la presidencia de Donald Trump. Al igual que con Granada, Venezuela fue presentada como una amenaza regional, se desconoció su soberanía, se promovió un gobierno paralelo, se impulsaron sanciones económicas y se barajó abiertamente la opción militar. En ambos casos, el eje fue el mismo: castigar a un país que buscaba ejercer control soberano sobre sus recursos y sostener un proyecto político no subordinado a Washington. En este caso, la amenaza ya no es el comunismo, ni el terrorismo con el que supieron invadir países en Oriente Medio; ahora es el narcotráfico la excusa de EEUU.
Granada en 1983 y Venezuela en el siglo XXI muestran la continuidad histórica del imperialismo estadounidense: más allá de los cambios de contexto, persiste una estrategia que combina discurso “democrático”, coerción económica y violencia militar para frenar procesos populares y socialistas en América Latina y el Caribe. La doctrina de la seguridad nacional sigue funcionando como coartada ideológica para sostener un orden regional basado en la dependencia, la subordinación y la exclusión de proyectos emancipatorios. Por eso, Trump amenaza a Petro advirtiéndole “el siguiente es usted”, sabotea las elecciones en Honduras y aumenta como nunca antes el bloqueo criminal a Cuba. Por ello es importante evitar nuevas oleadas de invasiones y golpes de Estado en Latinoamérica.
El escenario es similar; en los años 70 y 80 EEUU estaba bajo amenaza de perder su hegemonía frente a la URSS y sus aliados. Hoy está perdiendo su hegemonía frente a China y los BRICS. Por un lado, Trump necesita los recursos naturales de Latinoamérica, mientras que, por otro lado, necesita evitar que la región se encamine hacia gobiernos que, al menos, discuten el capitalismo. Bajo la excusa del narcotráfico, ya robaron un barco petrolero de PDVSA; si logran invadir Venezuela, tendrían a su merced la más grande reserva de petróleo del mundo, que, sumado al triángulo del litio que recuperaron con las victorias de las derechas en Chile, Argentina y Bolivia, les permitirían volver a consolidarse como potencia y dar un mensaje a la izquierda: si nos desafían, serán los siguientes.
