Desde el año 2024 la ciudad de Paraná tiene una tendencia a la alta en crímenes violentos con armas de fuego, armas blancas y que involucran en su mayoría a jóvenes y adolescentes. Los medios hegemónicos no titubean en dejar estas noticias en tristes policiales pero lo cierto es que estas balaceras y riñas se asemejan mucho a la problemática que sufre desde hace varios años nuestra ciudad hermana de Rosario, Santa Fe.
Más de la mitad de los crímenes violentos ocurridos en Entre Ríos tuvieron su escenario en Paraná y 6 de cada 10 de estos hechos fueron con armas de fuego, situándola como la ciudad más violenta de la provincia. Además la mayoría de los casos involucran a pibes de las barriadas o transcurren en barrios populares, lo que facilita análisis sesgados y prejuicios sociales a la hora de presentar los hechos y del accionar policial y judicial.
Con el ejemplo tan cercano de la narcoestructura en Santa Fe, es sabido que los menores de edad son utilizados por estas bandas ya que no son imputables; la perversión y la violencia también moldean una personalidad todavía en formación y los jerarquiza en estructuras de poder que no ocupa el estado en los barrios.
Cuando la realidad solo ofrece a nuestra juventud violencia, armas y drogas, nos preguntamos qué clase de futuro nos espera. pic.twitter.com/WmsXOWOPXF
— Agitación (@Agitacion_) January 7, 2026
En este contexto de avance de la violencia, familiares de dos víctimas, Katherine Alva (15), baleada en el cráneo luchando por su vida y Facundo Bracamonte (19) asesinado en mayo del 2025; se concentraron ayer en las inmediaciones de tribunales para exigir celeridad en los casos y medidas reales contra el acusado, un menor de 16 años conocido por sus vínculos con el narcotráfico y portación de armas de fuego.
La movilización fue solemne y al frente de los reclamos se encontraban principalmente mujeres, madres, amigas, y demás familiares de las víctimas, esperaban la palabra de la fiscal de minoridad Sonia Vives quien habría concedido hasta ese momento la libertad al acusado. Según supimos en la marcha, la fiscal aseguró que se haría presente y luego declinó sin aviso la concurrencia, generando aun más malestar en las personas allí concentradas frente al dolor de los ataques.
La protesta se trasladó entonces al edificio de la División de Minoridad en calle Tucumán 334, para encontrar a la fiscal y fue allí donde efectivos de la policía y el grupo GEA (una unidad especializada en respuesta rápida ante emergencias y situaciones de alto riesgo como secuestros, tomas de rehenes o amenazas de bomba) desplegaron un desproporcionado operativo reprimiendo a familias, niñxs, mujeres y ancianos, oportunamente cuando ya se habían retirado los medios de comunicación.
El objetivo fue muy claro: evitar que las barriadas salgan a reclamar justicia por sus víctimas, y que esas vidas para el estado provincial y para la justicia no valen nada. El hecho no paso desapercibido en una ciudad que no está acostumbrada a ver ese nivel e represión al menos en el centro cívico de la ciudad, a una cuadra de la casa gris.
Las balas de gomas no solo hirieron a muchísimas personas sino que realizaron destrozos en casas lindantes y terror en los vecinos. Hubo al menos dos detenidos y el oficial a cargo, Claudio González defendió la represión ante los medios de comunicación alegando que “no se permitía la justicia por mano propia”. Acaso nos preguntamos, exigir justicia a las autoridades competentes ¿es querer hacer justicia por mano propia?
Al parecer para reprimir y disciplinar la protesta no le tiembla la mano al Ministro Roncaglia, pero para detener el avance del narcotráfico en la ciudad y en la provincia, sí. Al gobernador Frigerio ni lo nombramos porque él está descansando en Madrid mientras los entrerrianos sufren la violencia cotidiana y ahora, la impunidad judicial.
Cuando la realidad solo ofrece a nuestra juventud violencia, armas y drogas, nos preguntamos qué clase de futuro nos espera.
