Los incendios forestales en El Hoyo, Chubut, continúan avanzando por la Patagonia, donde ya se registran más de 4.000 hectáreas arrasadas, más de 700 personas evacuadas y al menos 20 viviendas destruidas. El fuego afecta especialmente a zonas de Chubut y la vecina provincia de Río Negro, en un contexto de altas temperaturas, sequía y fuertes vientos.
Mientras brigadistas y pobladores combaten las llamas con recursos limitados, el Gobierno nacional impulsa recortes ambientales y busca modificar la Ley de Manejo del Fuego, lo que permitiría cambiar el uso de tierras incendiadas, favoreciendo intereses inmobiliarios y extractivos.
Desde Nación y el gobierno de Chubut volvieron a apuntar contra comunidades mapuche, reeditando una narrativa ya utilizada en los incendios de 2024, pese a la falta de pruebas concluyentes. En paralelo, vecinos denunciaron intentos de iniciar focos ígneos por parte de “turistas” en áreas protegidas, lo que expone la falta de control estatal en parques nacionales.
Actualmente, unos 230 brigadistas y seis medios aéreos trabajan en la zona, aunque denuncian insuficiencia de equipamiento, especialmente de aviones hidrantes de gran porte. Organizaciones ambientales y pobladores advierten que la falta de inversión y el avance de reformas regresivas profundizan una catástrofe ambiental que podría haberse evitado. Sin embargo, las tierras de la Patagonia están ocupadas desde hace tiempo por el británico Joe Lewis y el italiano Luciano Benetton, entre otros magnates; no es de sorprender que el Estado una vez más priorice los negocios del lobby inmobiliario por sobre los bosques nativos.
Ahora bien, el gobierno compró 16 aviones F16 para una guerra — contra el gobierno de Venezuela — que no existe, y con lo que podría haber comprado 60 aviones hidrantes para combatir el fuego. Además, enviará al Congreso una modificación de la Ley de Tierras, acompañada por una flexibilización de la Ley de Bosques y una nueva redacción de la Ley de Manejo del Fuego, que permitiría cambiar el destino productivo de los campos luego de un incendio. A la par que el fuego avanza, se pierde el bosque nativo y las comunidades pierden sus casas y sus medios de vida, el Ejecutivo prepara el terreno legal para que la tierra incendiada se transforme en un negocio inmobiliario, forestal o extractivo.
