1. Los glaciares, en el marco de la subordinación colonial de Argentina
La llegada de Milei al gobierno y el salvataje financiero que Trump otorgó a nuestro país, en plenas elecciones legislativas de 2025, profundizaron la entrega de soberanía por parte del gobierno libertario en todos los frentes, incluyendo nuestros recursos estratégicos. Por tal motivo, la reforma a la ley de glaciares debe analizarse juntamente con dos hechos.
En primer lugar, en febrero de este año, Argentina y EEUU suscribieron un acuerdo de minerales críticos que contempla el uso de herramientas de financiamiento público y privado, la simplificación de los procesos administrativos de permisos y la cooperación en áreas como el mapeo geológico, el reciclaje y la gestión de materiales críticos.
En segundo lugar, en marzo, el gobierno anunció que modificarán la ley de tierras para liberar la venta a extranjeros. Cabe destacar que la ley vigente, sancionada en 2011, establece un límite del 15% a la posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel provincial y fue el resultado de décadas de lucha de las organizaciones. Resulta más que evidente que los espacios que concentran las principales reservas de agua dulce serán de mayor interés para el capital extranjero y donde incrementarán las presiones para poder hacerse de esas zonas. En efecto, esto ya venía ocurriendo con Joe Lewis en Lago Escondido, entre otros casos, tal como revela el Observatorio de Tierras. Por eso, el agua está en el centro de la entrega de este gobierno.
2. Un proyecto de ley con nombre y apellido
En 2010, se sancionó la ley 26.639 que estableció los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para consumo humano, agricultura, como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas y para la protección de la biodiversidad como fuente de información científica y como atractivo turístico.
El proyecto de reforma de la ley de glaciares que se está debatiendo en el Congreso es regresivo e inconstitucional debido a que viola el principio de progresividad y no regresividad y transforma el sistema republicano de gobierno en una Confederación con derecho a la secesión parcial al adjudicarle a cada provincia la potestad de continuar o dispensar con la protección constitucional y legal de los glaciares y el ambiente periglaciar.
Actualmente, el Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) es el encargado de elaborar y actualizar, cada cinco años, un inventario nacional donde se registran todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional. Todo lo inventariado está protegido por la ley. El Ianigla incorporó 16.968 cuerpos de hielo a lo largo de la Cordillera de los Andes y las Islas del Atlántico Sur. Incluye glaciares y el ambiente periglacial, esto es, el conjunto de geoformas donde el hielo aparece mezclado con sedimentos y rocas, retiene agua en estado sólido y la libera de manera gradual.
En cambio, con el proyecto de ley, se habilita a los gobiernos provinciales a identificar los glaciares y el ambiente periglacial ubicados en sus territorios que actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o proveedores de agua para las cuencas hidrográficas. De esta forma, aquellas áreas que no cumplan con estas funciones no integrarán el inventario y, por lo tanto, dejarán de estar protegidas. Esto no solo implica un cambio de metodología de protección, pasando de un criterio de tipo científico a uno de oportunidad y conveniencia política, sino que también altera el sistema previsto por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que determina que la Nación establece los presupuestos mínimos de protección ambiental y las provincias los complementan con estándares de protección que no podrán perforar el piso establecido a nivel nacional.
A modo de conclusión, podemos señalar que el proyecto de reforma de la ley de glaciares tiene nombre y apellido: Glencore, BHP, Lundin, McEwen Cooper, Río Tinto y Barrick Gold son algunas de las multinacionales que impulsan proyectos mineros en áreas protegidas por la Ley vigente.
3. La farsa de las audiencias
Cuando el proyecto se trató en la Cámara de Senadores en febrero, se omitió la realización de audiencias públicas, tal como lo exige el Acuerdo de Escazú que es un tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe, ratificado por Argentina en 2020 mediante Ley 27.566 y vigente desde el 22 de abril de 2021. Dicho tratado, con jerarquía superior a leyes nacionales, garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
A los fines de evitar la eventual judicialización de la modificación de la ley de glaciares, el gobierno nacional convocó a audiencias públicas. Se registraron más de 100.000 inscriptos pero el oficialismo sólo permitió que se expresen 200 personas. En consecuencia, una audiencia pública en la cual la mayoría no puede hablar y no es oída constituye un simulacro de participación que lesiona la democracia ambiental, puesto que el principio de oralidad es uno de los pilares de este mecanismo.
Sin embargo, no sólo el Congreso Nacional se mueve en función de los intereses de multinacionales mineras, sino también el Poder Judicial ya que rechazaron la presentación de dos medidas cautelares interpuestas por asociaciones civiles que tenían por objeto ampliar la participación oral en la audiencia pública y denunciaban que la Cámara de Diputados restringía la participación de la sociedad en el debate del proyecto que reforma la ley de glaciares.
La audiencia presencial que se llevó a cabo el día 25 de marzo tuvo como punto más interesante la alocución de Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas que sostuvo que se trata de una reforma a medida de las grandes mineras transnacionales, tal como se desprende de este video. Asimismo, denunció a la senadora Flavia Royón, por ocupar altos cargos públicos en energía y minería durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei mientras, a la vez o sin respetar períodos de carencia, formaba parte del Directorio de empresas proveedoras mineras como Minenco SAS y Zelandez. La denuncia penal se presentó ante la Justicia Criminal y Correccional Federal con la finalidad de que se investiguen delitos contra la administración pública tales como negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, tráfico de influencias y cohecho.
4. Hay una memoria de lucha que no pueden borrar
La cantidad de inscriptos a las audiencias demuestra que estamos ante un tema que despierta sensibilidad en vastos sectores de la sociedad a lo largo y ancho del país, además de ser un tema transversal a muchas identidades políticas. En efecto, al finalizar la audiencia del 25 de marzo, se formó espontáneamente una asamblea en las afueras del Congreso para denunciar todas las irregularidades y planificar los pasos a seguir.
El rechazo a la reforma de la ley de glaciares encuentra su raíz histórica en la inmensa cantidad de luchas socio-ambientales que se produjeron en nuestro país y que dieron lugar a grandes hitos de triunfos populares que constatan que no hay consenso social para que el gobierno y las mineras avancen. En ese sentido, basta sólo recordar algunas de las gestas que vecinos, organizaciones sociales y ambientales protagonizaron en los últimos años.
En el caso de Mendoza, actualmente, persisten las manifestaciones contra el proyecto minero San Jorge luego de que la Legislatura provincial habilitó en diciembre de 2025 la megaminería metalífera en la provincia. Desde ese momento, se suscitan semanalmente asambleas compuestas por activistas, vecinos/as y organizaciones que defienden el agua y los territorios, con el fin de compartir experiencias de resistencia contra los extractivismos, visibilizar las diversas problemáticas y elaborar estrategias comunes de lucha. El antecedente se encuentra en la sanción de la Ley 7722 en 2007 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera, como resultado de un proceso de movilizaciones callejeras que decantaron en dicha ley.
En Catamarca, sus comunidades cuentan con un saber obtenido en las jornadas de lucha contra el emprendimiento Bajo La Alumbrera, emplazado entre los departamentos de Belén, Santa María y Andalgalá en 1997. Allí, la conflictividad social fue escalando hasta que el 14 de diciembre de 2009 nació la asamblea El Algarrobo en Andalgalá compuesta por vecinos de esa localidad que marchan todos los sábados ininterrumpidamente por la plaza central desde hace quince años. Han combinado acciones de acampe, cortes de calles con presentaciones judiciales que lograron en 2016 que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinara que la actividad de la minera Agua Rica LLC Sucursal Argentina, Yamana Gold Inc representaba un daño para el ambiente y la sociedad y advirtiese por posibles avalanchas, derrumbes, contaminación del agua además de repercusiones en la salud.
Finalmente, el caso de Esquel en Chubut es uno de los ejemplos más claros del avance popular y también de la respuesta estatal y del gran capital contra la organización de su comunidad. La historia de las organizaciones vecinales, sociales y de la comunidad chubutense en defensa de su ambiente tiene como hito fundante la Ley 5001 de 2003 que prohíbe en toda la provincia la actividad minera metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro. Esta ley fue el resultado de gigantescas movilizaciones ciudadanas que se desarrollaron ante la posibilidad que la multinacional Meridian Gold en 2002 explotase oro y plata en las montañas a diez kilómetros del casco urbano de Esquel.
La lucha callejera logró que en febrero de 2003 el Concejo Deliberante de Esquel aprobase la realización del plebiscito por el NO a la Mina, el primero en Argentina, con un resultado apabullante: el 81 por ciento dijo “no” a la megaminería. Esto se contagió a los municipios vecinos de Trevelin, Lago Puelo y Epuyén, en los cuales también se rechazó la actividad extractiva.
Tras 18 años de sancionada la ley, en diciembre de 2021, el entonces gobernador Arcioni celebró la aprobación de su proyecto de ley de zonificación en la Legislatura que habilitaba la megaminería a cielo abierto. La ley tenía nombre: Pan American Silver. La reacción no tardó en llegar y comenzaron a multiplicarse las movilizaciones multisectoriales en Rawson, Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, entre otras ciudades. A la presión callejera se sumaron cortes de ruta, paros generales de las dos CTA y varios gremios de la CGT. En resumen, se logró que Arcioni diera marcha atrás y enviase un proyecto para derogar la ley que habilitaba la explotación minera. Un verdadero Chubutazo.
En los días venideros el proyecto ingresará a la Cámara de Diputados y urge la convocatoria a movilizaciones no sólo al Congreso, sino también en las provincias en las cuales el extractivismo está avanzando porque este proyecto regula nuestra vida en los próximos 50 años. Es la hora de hacernos escuchar desde las periferias hacia el centro y, aunque la ley sea aprobada, la tienen que implementar y allí la creatividad popular tiene un papel que desempeñar.
Si bien es el momento de la resistencia, al mismo tiempo, habrá que construir democrática y horizontalmente un nuevo modelo de gestión social de los bienes comunes naturales para que su utilización sea determinada por normas colectivamente reconocidas. Al extractivismo se le deben oponer dinámicas de reapropiación social de las fuentes de renta.
