El Senado dio luz verde a un paquete de modificaciones sobre la Ley de Glaciares, lo que generó fuertes cuestionamientos por parte de asambleas socioambientales y especialistas en recursos naturales, que advierten sobre un posible avance de proyectos extractivos en zonas protegidas.
La norma original —sancionada en 2010— establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua. Las reformas aprobadas introducen cambios en los criterios de delimitación y control, lo que, según críticos de la iniciativa, podría flexibilizar restricciones para actividades mineras e hidrocarburíferas.
Desde el oficialismo defendieron la medida al señalar que busca “dar previsibilidad jurídica” e incentivar inversiones. En cambio, organizaciones ambientales sostienen que las modificaciones debilitan el principio precautorio y ponen en riesgo ecosistemas clave en el contexto de crisis climática.
El proyecto ahora deberá completar el trámite legislativo correspondiente, mientras se anticipan posibles presentaciones judiciales y nuevas movilizaciones en rechazo a los cambios.
