Organismos de Derechos Humanos y la Multisectorial de Entre Ríos denunciaron un presunto desmantelamiento del Registro Único de la Verdad, el organismo provincial encargado de las políticas de memoria, verdad y justicia. En ese marco, este miércoles a las 9.30 se realizó una movilización frente a la Secretaría de Justicia (San Juan 134, Paraná) para exigir una audiencia con las autoridades.
El abogado de Derechos Humanos Marcelo Boeykens advirtió que en las últimas semanas se produjeron despidos de cuatro trabajadores, el traslado de archivos a un edificio sin condiciones adecuadas y la falta de una coordinación institucional, lo que, según afirmó, paraliza el funcionamiento del organismo. Remarcó que la situación es especialmente grave en un contexto histórico clave: en marzo se cumplirán 50 años del golpe de Estado de 1976.
Entre los trabajos emblemáticos del Registro, el abogado destacó la restitución de identidad de Sabrina Gullino Valenzuela Negro, resultado de una investigación iniciada desde el organismo. También recordó que aún se busca a más de 400 nietos con identidad suprimida, ocho de ellos hijos de entrerrianos. Además, se realizaban investigaciones sobre los “vuelos de la muerte”, donde se reconstruyeron posibles trayectorias de aeronaves que habrían partido desde Rosario hacia el delta entrerriano.
El Registro también participa actualmente como “amigo del tribunal” en un juicio que se desarrollará en abril en Concepción del Uruguay, aportando documentación histórica y pericial. Según Boeykens, la asesoría legal desmantelada cumplía un rol central en esas tareas. El abogado señaló que el organismo también intervino en una investigación que podría identificar un nuevo centro clandestino de detención en un edificio que hoy funciona como campus de la UADER.
La movilización fue definida por los convocantes como un “abrazo simbólico” por la Multisectorial de Derechos Humanos, a las 9:30 frente al edificio del Registro Único de la Verdad, con el objetivo de visibilizar su situación y exigir su fortalecimiento como política pública de derechos humanos. La memoria no se vende, se defiende. Frente a todos los despidos y ajustes, unidad de todas las luchas.
