La crisis económica y las políticas gubernamentales están teniendo un impacto devastador en la niñez y en los sectores más vulnerables de la sociedad. Las cifras de hambre y pobreza en nuestro país hablan por si solas y reflejan una profunda crisis social que se ha visto exacerbada por las decisiones políticas que viene tomando este Gobierno.

Cabe mencionar, que la crisis alimentaria se profundizó luego de que el Ministerio de Capital Humano haya retenido 5 millones de kilos de alimentos en depósitos, que aún están guardados sin ser repartidos, mientras se persigue a las organizaciones que organizan comedores populares.

Estas alarmantes cifras revelan que el 70% de los niños y las niñas vive bajo la pobreza, y el 30% bajo la pobreza extrema. A su vez, los hogares más afectados son aquellos con menos acceso a educación, monomarentales con jefatura femenina, o situados en barrios populares. Esta crisis se ve reflejada en la caída en el consumo y en las ventas de comercios y supermercados sugiere que la economía de la clase trabajadora no se recuperará pronto.

Los datos fueron publicados en el marco de la campaña “El hambre no tiene final feliz”. A esto hay que sumar el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA que muestra que el 54,9% de la población es pobre y el 20,3% es indigente.

Es importante mencionar que, además de la suspensión de alimentos a 44.000 comedores populares, el Gobierno nacional también ha recortado programas de apoyo a la niñez, como becas, capacitación en Educación Sexual Integral y la construcción de centros de primera infancia.

Pese a la persecución del Gobierno nacional y los Gobiernos provinciales a las organizaciones sociales, el hambre no puede esperar, por ello la clase trabajadora se organiza para hacerle frente a este presente y futuro de miseria que están sembrando. Los 5 millones de alimentos aún esperamos que los repartan.