Mientras los incendios forestales arrasan miles de hectáreas en distintos puntos del país, el Gobierno nacional avanza en un paquete de reformas que apunta a flexibilizar o directamente derogar las principales leyes de protección ambiental y territorial. Lejos de tratarse de desidia o incapacidad, la falta de respuesta frente al fuego aparece como parte de una estrategia política: dejar que la tierra se queme para habilitar negocios sobre territorio devastado.
Aunque Ignacio Torres y el gobierno de Javier Milei traten de culpar a las comunidades mapuches, en diciembre pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el Ejecutivo planea avanzar sobre la Ley de Tierras, la Ley de Bosques, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Glaciares. Todas forman parte del paquete de reformas negociado con los gobernadores en el llamado Consejo de Mayo. La única libertad que quiere este gobierno con el ambiente es entregar los bienes comunes naturales al gran capital al costo que sea, así sea arrasando los bosques nativos y comunidades enteras.
Digámoslo sin miedo: el Estado no quiere ponerle fin a los incendios; para ellos, cuanto más arrase, más negocio tienen para hacer. El cambio del uso productivo de la tierra luego de los incendios es el punto clave que abre la puerta a desarrollos inmobiliarios, forestales, turísticos a gran escala y emprendimientos extractivistas. Por eso flexibilizan y vacían la Ley de Bosques, una de las pocas herramientas que desincentivan los incendios intencionales con fines especulativos.
El gobierno no invierte en aviones hidrantes, pero sí millones de dólares en la compra de aviones de guerra F-16 para una hipotética guerra contra Venezuela que no existe. Los programas de lucha contra incendios operan con recursos mínimos y los brigadistas trabajan en condiciones extremadamente precarias. Con el dinero asignado al armamento militar, podrían haberse adquirido al menos 60 aviones hidrantes.
Es una política criminal que afecta a todos por igual, menos a los que hacen negocios con las quemas. El gobierno y el lobby celebran a viva voz el desplazamiento de comunidades mapuche, a las que acusan de iniciar el fuego. Mientras ellos festejan, los brigadistas quiebran en llanto por no poder hacer nada contra el fuego pese a dejarse la vida en su labor. Hay que ser muy poco humano para no tener un mínimo de sensibilidad con las personas afectadas.
Es urgente exigir, en la máxima unidad posible, no solo todos los recursos necesarios para apagar los incendios, sino también la reconstrucción integral de las pérdidas sufridas por cientos de familias. Exigirlo aunque sepamos que la eliminación de la Ley de Tierras ocupa un lugar estratégico en la entrega de lagos patagónicos, acuíferos estratégicos, monte y bosque nativo, e incluso zonas de frontera.
Actualmente, cerca del 5 % del territorio argentino —más de 13 millones de hectáreas— ya está en manos extranjeras, en su mayoría de empresas y grupos económicos que no viven en el país, pero sí se apropian y explotan sus bienes comunes naturales. El 10 de febrero el Senado comienza a debatir las reformas que son clave para el avance del lobby empresarial. La única salida que tenemos los pueblos oprimidos es rodear el Congreso, exigiéndole a la CGT que convoque a un paro general para frenar la reforma laboral y las reformas ambientales regresivas que atentan directamente contra nuestras vidas y nuestros territorios.
Nuestras vidas valen más que sus ganancias, y no podemos permitir que el capitalismo arrase con nuestras tierras, bosques, ríos, mares y comunidades. De hecho, si nos ponemos a hilar en fino, Milei y todos los criminales que gobiernan deberían ser sometidos a un juicio político, pero lamentablemente el Congreso les está siendo cómplice gracias a la mal llamada “oposición dialogista” y sectores del peronismo que cambian sus posiciones por billetes verdes. Y si los políticos traicionan, como en Mendoza, habrá que reventarles las calles para que entiendan que somos muchos más los que defendemos la vida y la naturaleza.
