El Plan 1000 días, (Ley Nacional N° 27.611) de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, ofrecía un conjunto de prestaciones y políticas públicas cruciales para asegurar la salud y el desarrollo de madres y sus hijos desde la gestación hasta los tres años. Entre sus beneficios se encontraban controles de salud, apoyo alimentario y acompañamiento profesional.

Desidia estatal planificada

La eliminación de este programa, como tantos otros que dependen de la superministra Sandra Petovello, afecta directamente a mujeres, personas gestantes e infancias. Por ejemplo, las familias con bebés prematuros denuncian que ahora deben recurrir a préstamos para costear elementos básicos como la leche de fórmula, evidenciando el impacto directo de la falta de apoyo estatal.

El desmantelamiento del Plan 1000 días es una decisión que pone en riesgo la salud y desprotege a los bebés en una etapa fundamental de la vida. A esta situación se suma el desfinanciamiento del Plan ENIA (Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia).

El Plan ENIA demostró ser una política pública eficaz en la reducción del embarazo adolescente en Argentina. Tal como indica un informe de Amnistía Internacional, contribuyó a una disminución del 49% en la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años entre 2018 y 2021. Este plan proporcionaba acceso a información, métodos anticonceptivos y consejería en salud sexual y reproductiva, resultando fundamental para garantizar los derechos de las y los adolescentes.

La reducción de estas políticas podría tener consecuencias negativas a largo plazo, impactando en la salud de las generaciones futuras y en la autonomía de las mujeres y adolescentes.