El DNU N° 179/25 aprobó las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas. De esta manera, se profundizarán el ajuste y el endeudamiento. El DNU no establece cuál es el monto del nuevo Programa, no cumple con el art 99 inciso 3 y, en consecuencia, sustituye al Congreso, al ni siquiera incorporar el texto o documento del acuerdo. El Poder Ejecutivo se autoriza a sí mismo a suscribir los instrumentos para llevar a cabo las operaciones de crédito público con el FMI.
En este sentido, se trata de un verdadero cheque en blanco que liquida los principios básicos de una democracia liberal como la división de poderes y el sistema republicano. El truco libertario consiste en decir que le dará intervención al Congreso cuando en realidad la firma del DNU implica un hecho consumado, a menos que las dos Cámaras decidan rechazarlo, pero esto ocurrió tan solo una vez desde la última reforma constitucional.
El comportamiento genuflexo de sectores de la oposición parlamentaria no es nuevo sino, por el contrario, una continuidad de lo que fue el año pasado ya que, sin el inestimable apoyo de partidos políticos como la UCR, el PRO y sectores del peronismo de las provincias no hubiesen salido la Ley Bases, las facultades delegadas al presidente y el DNU N° 70/23 hoy no estaría vigente. En efecto, hay que recordar que, durante el tratamiento de la Ley Bases, se denunciaron los votos de algunos senadores a cambio de una embajada en la UNESCO o un directorio de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
Otro ejemplo para mencionar es la cripto estafa. Tras el escándalo, la oposición osciló entre el juicio político contra el presidente y la conformación de una Comisión Investigadora. Ninguna prosperó y hasta se llegó al colmo en que el senador radical Eduardo Vischi fue uno de los firmantes del proyecto para crear dicha comisión, pero cuando llegó el momento de la votación, optó por el rechazo.
A raíz de la firma del DNU que aprueba un nuevo acuerdo con el FMI, diputadas y diputados de Unión por la Patria presentaron una denuncia penal contra funcionarios del gobierno, al sostener que este accionar desconoce la legislación vigente e ignora las facultades del Poder Legislativo, por lo que se estaría ante “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.”
El letargo del poder judicial no es nuevo. Basta recordar que Sandra Pettovello acumuló durante 2024 decenas de demandas presentadas para entregar los alimentos a los comedores. También amontonó fallos que le ordenaban cumplir con dicha entrega, pero la funcionaria se encargó de apelar cada uno de ellos. Todavía sigue incumpliendo varias resoluciones judiciales, pero sin ninguna consecuencia.
En el caso de las denuncias por la estafa y las acusaciones de pedidos de coimas en el entorno del presidente para tener acceso a reuniones, las mismas recayeron en la jueza Servini de Cubría que delegó la investigación en el fiscal federal Eduardo Taiano, cuyo hijo fue designado en agosto de 2024 al frente de la “Unidad Bienes Decomisados” de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Por último, hace pocos días el gobierno designó mediante Decreto N° 137/25 dos jueces en comisión para integrar la Corte Suprema.
Parece difícil que el Poder Judicial se exprese sobre este nuevo decreto cuando nada dijo del DNU 70/23. Como se observa, la podredumbre institucional es total.
En este contexto, surgen variadas voces que plantean la necesidad de forjar un frente electoral democrático para las próximas elecciones de medio término, de manera tal de asestarle una derrota al oficialismo.
Ante la falta de imaginación política, todo debate que propugne frenar a este gobierno fascista resulta saludable. Sin embargo, cabe preguntarse cuál sería la efectividad de un frente en estas condiciones cuando el apoyo legislativo que recibe Milei es transversal. El sistema político, en general, lo acompañó fervientemente porque el compromiso no lo tienen con Milei sino con el programa que trazan las clases dominantes.
Así estamos hoy: impotentes y enojados porque el gobierno no juega a la democracia con nuestras reglas, hace trampa y rompe acuerdos y consensos que creíamos consolidados. Llegó el momento de darse cuenta de que a Milei no le interesa en lo más mínimo la república ni sus instituciones. Por eso, hay que abandonar la idea del repliegue, de esperar que se agote por sí sólo el modelo económico libertario y que, supuestamente, tendría fecha de vencimiento.
Hoy urge la construcción de una fuerza social radicalizada y de confrontación con el gobierno en la calle. La democracia también se construye de abajo hacia arriba, creando comunidad, tejiendo redes solidarias y un colectivo social que no deposite sus expectativas en palacios u oficinas donde lo que prima son la rosca y el pragmatismo por conseguir el poder, pero sin voluntad de transformación.
También resultaría válido preguntarse si esa fuerza social que emerja de las movilizaciones sería suficiente para modificar el escenario en 2027. El hecho de que haya un ciclo de luchas callejeras no implica que indefectiblemente ello derive en un triunfo electoral del campo popular. Igualmente, tampoco habrá victoria en las urnas en un clima de resignación similar al de la paz de los cementerios.
En ese sentido hay que ser claro: Milei puede ser derrotado en elecciones, pero eso no implica que su modelo de ajuste y disciplinamiento económico se modifiquen ni que el estado de descomposición actual de la democracia pueda revertirse así sin más. El poder económico gana cuando construye sentido, cuando hace creer que todo es lo mismo y que es imposible cambiar el estado de las cosas.
Al igual que en otras épocas, el statu quo tambalea cuando emerge potente un movimiento que disputa sentido y, especialmente, poder. Ocurrió con el sindicalismo combativo de la década de 1920, el 17 de octubre de 1945, el Cordobazo, el Rosariazo y la rebelión de 2001. A todo ciclo político novedoso y de ampliación de derechos, le precedió la irrupción de una fuerza social que dio vuelta todo.
Ante este contexto, no será posible desarmar este entramado apelando únicamente a estas instituciones descompuestas. Se requiere desempolvar las reservas de lucha que históricamente tuvo este país, desplegar toda la potencia plebeya y desbordar los límites de una institucionalidad que no tiene nada que ofrecernos.
